La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado devolver al Partido Popular las fianzas presentadas, que ascienden a 1,2 millones de euros presentados en el procedimiento que investiga la caja B de la formación política.
Según ha informado EuropaPress, mediante una diligencia del pasado 18 de febrero, los magistrados de la Sección Segunda han asegurado que «no ha lugar a modificar la fianza que fue impuesta por estar pendiente» la tramitación de los recursos de casación que han sido presentados por las partes, donde se solicita que se imponga la responsabilidad civil exigida a la formación política.
Por su parte, el Partido Popular había solicitado que se autorizase el desglose y devolución de los avales bancarios depositados, de 1.024.987,14 euros y de 220.167,04 euros y fueran sustituidos por una cantidad total de 123.669 euros, más intereses de demora. El Partido Popular alegaba que las cantidades retenidas eran excesivas y generaban comisiones y gastos que según ellos «carecen de justificación».
La cantidad propuesta es la que estableció la Sala de lo Penal en la sentencia que condenó al Partido Popular como responsable civil subsidiario del que fuera tesorero, Luis Bárcenas, por el pago del Impuesto de Sociedades del año 2007 de Unifica -estudio de arquitectura que se encargó de llevar a cabo la obra de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid-.
La Fiscalía no presentó oposición a la reducción de la fianza que solicitaba la formación política. La postura del ministerio fiscal básicamente señalaba que no tenía nada que objetar, salvo que alguna de las partes del proceso no estuviera de acuerdo y así fue: Carmen Ninet y Cristina Moreno se opusieron a reducir la fianza. Apuntaron que debería ser el Tribunal Supremo quien confirmase la condena en esa cantidad, y que por lo tanto, hasta que el Supremo no confirmase la cifra, no debería admitirse la propuesta de reducción de los Populares.
