La Audiencia Nacional pone el foco en el papel jugado por el despacho de abogados del Santander

Tal y como adelantamos en Diario16, la defensa de Ángel Ron ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita al magistrado José Luis Calama Teixeira que el despacho de abogados de cabecera de Banco Santander identifique a las personas que asesoraron al Popular durante la etapa en la que la entidad estuvo presidida por Emilio Saracho. Por otro lado, el documento también reclama todas las comunicaciones cruzadas entre dicho bufete y los directivos y ejecutivos del Popular.

El escrito hace un análisis del papel jugado por el despacho Uría y Menéndez, que defiende al Santander tanto en el Caso Popular como en las causas más delicadas para la entidad (las últimas, Caso Orcel y la demanda por presunta manipulación de las juntas de accionistas), como asesor contratado por Emilio Saracho para gestionar el Popular durante su presidencia.

En relación con ese «asesoramiento», el escrito aporta una serie de documentos, particularmente correos electrónicos cruzados entre el despacho de cabecera del Santander y el secretario del Consejo del Popular, Joaquín Hervada. Según el escrito, esa documentación acredita que, aun cuando la resolución se produjo el día 7 de junio de 2017 por una crisis de liquidez, ya se venía preparando por el presidente Saracho y por estos asesores desde, al menos, antes del día 2 de junio. «Todo ello, sin conocimiento alguno por parte del consejo de administración», señala el escrito.

Irregularidades en la declaración de inviabilidad

El escrito presentado pone de manifiesto que Saracho afirmó en la reunión del Consejo de Administración del 18 de mayo de 2017, que el banco nunca pediría una línea extraordinaria de liquidez, asesorado por el despacho Uría, porque el banco tenía liquidez suficiente. Sin embargo, el escrito señala que pocos días después estaba preparando la resolución de la entidad, precisamente,  por un problema de liquidez. «Según documentos que constan en autos, se venía gestando [la resolución] desde sus declaraciones en la junta General de 10 de abril, cuando, como consecuencia de las mismas, la acción experimentó una notable caída, que finalizó con la salida masiva de depósitos, determinando la resolución y venta del banco Popular al Santander por 1 euro», afirma el documento. 

Por otro lado, la defensa de Ángel Ron destaca la existencia de una nota también preparada por el despacho Uría con el Secretario del Banco Popular, Joaquín Hervada, sobre la declaración de inviabilidad, fechada el 2 de junio de 2017, en la que, bajo advertencia de incurrir en responsabilidades, se incitaba a los consejeros a declarar la inviabilidad del banco, pero sin advertir de forma clara que tal declaración determinaría la resolución del banco y la venta a tercero, como finalmente ocurrió, por 1 euro.

En concreto, se señala específicamente el contenido de un documento elaborado por el despacho de cabecera del Santander titulada «Nota sobre seguimiento de inviabilidad, liquidez y provisiones» de 2 de junio de 2017, destinada a que Emilio Saracho o Hervada convenciesen al Consejo de la conveniencia de la declaración de inviabilidad.

Dicho documento, que fue publicado en exclusiva por Diario16 en noviembre de 2017y que fue presentado en la Audiencia Nacional, aseguraba que «la comunicación de inviabilidad no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato».

Este apunte dejaría claro, según señala el escrito presentado, que los consejeros no eran conscientes de que la declaración de inviabilidad conduciría necesariamente y de forma inminente a la resolución.

«Llama poderosamente la atención, que estando el Sr. Saracho asesorado por Uría y Menéndez, ya en su visita al BCE el 16 de marzo de 2017 –cuando llevaba menos de un mes en el cargo- anticipase que una de las alternativas que él barajaba para el Banco fuese, en cambio y en contradicción con lo que manifestó al Consejo de junio –dado que no consta que antes de esa fecha informase al respecto-, la resolución, resolución que acabó con una transferencia de 11.000 millones de euros -sin contar plusvalías latentes y activos fiscales diferidos- por un euro al Banco Santander», afirma el escrito.

Por otro lado, el documento presentado al juez Calama señala como de especial interés la reseña del acta notarial de manifestaciones del exconsejero Jaime Ruiz Sacristán, donde, tal y como hemos publicado en Diario16, se ponen de manifiesto importantes anomalías sobre este proceso, así como la petición de otras 5 supuestas actas existentes en la misma línea, elevadas por otros exconsejeros.