La Audiencia Nacional ha pedido al Consejo de Ministros que desclasifique el Plan de Rehabilitación de Palomares, que tiene el carácter de secreto oficial de Estado desde que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) lo aprobó en mayo de 2010. Según informa hoy el diario El País, el plan “no se ha desarrollado nunca, con lo que alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas siguen depositadas en varias parcelas de esa pedanía de Cuevas de Almanzora”. De esta manera, la Audiencia Nacional ha decidido poner punto final a la opacidad y a la falta de transparencia en este episodio nunca aclarado de nuestra historia, y reclama al Gobierno que le detalle “el tiempo estimado para la finalización de dicho informe y se aporte cuanta documentación se haya elaborado” desde 2010, según el auto de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo.

El accidente nuclear de Palomares ocurrió el 17 de enero de 1966, cuando un avión cisterna y un bombardero estratégico B-52 colisionaron en vuelo en una maniobra de reabastecimiento de combustible. Esto provocó el desprendimiento y la caída de las cuatro bombas termonucleares que transportaba el aparato, así como la muerte de siete del total de los once tripulantes que sumaban ambas aeronaves. Aquel accidente contaminó de plutonio los suelos del municipio andaluz. Como ya publicó Diario16 en exclusiva el pasado mes de diciembre, la Justicia de EE.UU reconoce ahora que la playa de Palomares tenía la radiación ionizante que Fraga siempre negó, incluso cuando se dio su famoso baño en la playa afectada por el accidente aéreo.

La decisión de la Audiencia Nacional se produce tras la batalla legal que emprendió el grupo Ecologistas en Acción, que meses atrás solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el levantamiento del secreto oficial a la “mayor brevedad” posible. El colectivo ecologista, que impulsó el pleito, sostiene que en el citado documento Estados Unidos propuso al Ejecutivo español “alternativas” con el fin de “reducir los costes” del traslado del material radiactivo para su almacenamiento. Ello provocó un “cambio” de criterios radiológicos en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), lo que llevó a “reducir” la cantidad de tierra radioactiva a tratar de los 50.000 metros cúbicos previstos en el plan de 2010 a 28.000.

“Si se reduce el volumen de tierra a tamizar, el CSN reconoce que la limpieza no será total y habrá que aplicar restricciones de uso al menos en la zona 6 de los terrenos contaminados, correspondiente a la Sierra Almagrera”, denunció Ecologistas en Acción en su petición al Ministerio de Asuntos Exteriores.

En un primer momento la Audiencia Nacional rechazó incorporar el citado documento como prueba al procedimiento contencioso-administrativo. En un auto de diez páginas la sala hizo suyos los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado y remarcó que se trataba de documentos “clasificados, cuya confidencialidad impide la admisión como medios de prueba”.

En su carta, Ecologistas en Acción expuso al ministerio que urge levantar el secreto oficial “antes de que finalice el periodo de prueba, pues se trata de un documento clave en el pleito” y lamentó “los obstáculos que nos estamos encontrando para conseguir que se almacenen temporalmente los residuos radiactivos de Palomares a la espera de asignarles un almacén definitivo”.

El escrito de los ecologistas recordó que el CSN, en sesión celebrada el 5 de mayo de 2010, aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP), consistente básicamente en tamizar unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada para reducirlos a unos 6.000 metros cúbicos y trasladarlos a EEUU. “Posteriormente el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar de 50.000 metros cúbicos a 28.000, aproximadamente”, una modificación del plan inicial que se atribuye a las presiones de Washington para abaratar costes.

“Una vez aprobada por el CSN la reducción del volumen de la tierra a tamizar en la sesión celebrada el 22 de julio de 2015, se produjo la firma del acuerdo de intenciones Kerry-Margallo de 19 de octubre de 2015 que, de aplicarse, no solucionaría el problema”, afirmaron los ecologistas en su misiva al entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell.

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