El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha desestimado la petición del Gobierno de la Generalitat de Cataluña para personarse como acusación popular en el caso Pegasus.
El magistrado considera que «no existe habilitación legislativa para que las personas jurídicas públicas, como es el caso de la Generalitat, puedan ejercer de acusación popular». «El sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite inferir que las entidades públicas puedan ejercer como acusación popular».
Calama descarta que la legitimación pueda sustentarse en la normativa autonómica que alega la Generalitat.
Contra la decisión del juez la Generalitat puede interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y en apelación ante la Sala de lo Penal en el plazo de cinco días.
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