La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las protestas por el operativo judicial desplegado contra altos de la Generalitat que organizan el referéndum 1-O, por tanto, investigará los incidentes de Catalunya del 20 y 21 de septiembre, tras admitir la juez Carmen Lamela la citada denuncia, auto al que ha tenido acceso Diario 16.

La magistrada de la Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar si estos hechos son constitutivos del delito de sedición por parte de las personas que participaron en las concentraciones, y ha solicitado a la Guardia Civil un atestado que recoja todos los incidentes acaecidos en esos días, en concreto ante la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, sede en la que se produjeron las detenciones de los responsables más cercanos al vicepresidente, Oriol Junqueras.

La denuncia de la Fiscalía, remitida por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra nadie en particular, pero si mencionaba a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, y al de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, por llamar a la movilización a sabiendas de que dificultarían la intervención policial”.

La Magistrada reconoce que “no todos los delitos de sedición con carácter general son competencia de la Audiencia Nacional”, pero en este caso lo ha estimado porque “lo ocurrido iba dirigido a atentar también contra la forma de Gobierno, al tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

La Fiscalía en su denuncia ha subrayado que “se habían impulsado movilizaciones generalizadas para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición”. Estos hechos podrían ser constitutivos de delito de sedición, y podrían conllevar penas de 8 a 15 años de cárcel.

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