Tal y como hemos indicado en repetidas ocasiones en Diario16, los bolichicos y boliburgueses que se hicieron millonarios gracias a la corrupción en Venezuela y, más concretamente, en la petrolera estatal PDVSA, presidida por el ex ministro Rafael Ramírez, campan a sus anchas por España, la Justicia de los Estados Unidos tiene abiertas miles de investigaciones y causas por distintos delitos presuntamente cometidos por todos estos abogados, asesores, colaboradores y socios de Ramírez, el hombre que es agasajado en España por el Partido Popular cada vez que, por ejemplo, el ex presidente de PDVSA visita Ávila.
Las investigaciones realizadas por las agencias federales norteamericanas también han tenido la colaboración de otros países, entre ellos España, por lo que la información recabada en los expedientes servirá para que la Justicia española, si quiere o la dejan, empiece a tomar decisiones sobre los cientos de demandas y querellas interpuestas contra estos ciudadanos venezolanos por empresarios de diferentes sectores y que, a día de hoy, están frenadas por los tribunales españoles.
Esta colaboración entre países se empieza a ver en las detenciones de venezolanos corruptos que se van produciendo. Como decimos, uno de los mayores nidos de corrupción fue la PDVSA de Rafael Ramírez, de la que se beneficiaron desde su cuñado Baldo Sansó hasta socios y asesores como Jorge Neri. La petrolera pública venezolana concluyó en una investigación interna que varios ex directivos se llevaron más de 500 millones de dólares a través de amaños y de autoconcesión de contratos. Ese dinero fue blanqueado en España, según un informe interno de la propia PDVSA. Por otro lado, esa colaboración entre la Justicia de los Estados Unidos y la española ha tenido como resultado la entrega temporal de uno de los hombres más cercanos a Ramírez: Nervis Villalobos.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto en el que acuerda la entrega durante el tiempo «imprescindible» para el enjuiciamiento de Villalobos en Estados Unidos, con un máximo de seis meses a contar desde la entrega efectiva. Por otro lado, el juez advierte de que si fuera necesaria su presencia en España antes de la finalización de dicho plazo debe existir un compromiso expreso de las autoridades americanas para devolverlo en un mes.
Moreno accede así a la entrega temporal tras levantar la suspensión de la extradición a Estados Unidos que ya se había acordado y que se había dejado en suspenso por tener Villalobos causas abiertas en España. Ambos órganos judiciales han expresado que no tienen inconveniente a la entrega temporal y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor a pesar de la oposición de Nervis Gerardo Villalobos.
La solicitud estadounidense, procedente del tribunal de Distrito Sur de Texas, señala que el ex ministro venezolano será juzgado por delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero (con una pena máxima de 20 años de prisión), conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (con una pena máxima de 5 años) y blanqueo de dinero (cuya pena prevista es de 20 años).
Los hechos que sustentan la petición relatan que Villalobos, pese a que ya no trabajaba para el gobierno venezolano, continuó ejerciendo una influencia considerable dentro de PDVSA y estuvo asociado «estrechamente» con otro número de personas clave que trabajaban o asesoraban en la petrolera, sus subsidiarias y otras agencias del gobierno, además de empresas externas, algunas españolas.
Alrededor de 2011, Villalobos «participó en una conspiración» con un grupo de funcionarios de alto nivel de PDVSA y sus subsidiarias, a lo que se refería como el «equipo administrativo». Ese equipo, según afirma la solicitud del Tribunal de Texas, solicitó a vendedores de PDVSA, entre ellos vendedores residentes en Estados Unidos y con negocios constituidos y con sede en este país, «sobornos y mordidas a cambio de proporcionar asistencia a esos vendedores en conexión con sus negocios en PDVSA».
Entre dichos vendedores se encontraban Roberto Rincón y Abraham Shiera (que se declararon culpables en Estados Unidos) quienes pagaron sobornos al equipo de administración por su ayuda relacionada con sus compañías en Estados Unidos. Estos pagos se realizaban para ser repartidos entre el denominado equipo administrativo y en el que Villalobos aparece señalado como intermediario para comunicarse con los funcionarios de PDVSA.
Posteriormente, Villalobos y sus cómplices blanquearon las ganancias de los sobornos a través de una compleja serie de transacciones financieras y para ello abrieron cuentas bancarias con el fin de canalizar las dádivas, que no eran transferidas directamente a los funcionarios de PDVSA sino a compañías, intermediarios, familiares, amigos acreedores y asociados personales «con el fin de disimular la índole, la fuente y la titularidad de los pagos de soborno».
Según la documentación de Estados Unidos, Nervis Villalobos era firmante en una cuenta suiza a la que llegaron más de 27 millones de dólares procedentes de cuentas de Rincón y Shiera. De esa cuenta se transfirieron cantidades similares «a otras cuentas en conexión con el ardid».
Nervis Villalobos, quien tiene causas pendientes en España y que ya estuvo implicado en el caso Banco Madrid, puede ser el primero de muchos de los socios de Rafael Ramírez que viven en España y que, en algunos casos, tienen interpuestas demandas y querellas en distintos tribunales españoles, porque, cuando la Justicia de los Estados Unidos decide reclamar, las influencias que se hayan conseguido obtener a través de relaciones con las más altas instancias políticas no sirven de nada.
