En un auto publicado en el día de hoy, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto la apertura de juicio oral contra un total de 22 personas por las presuntas irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa. Por otro lado, ha decidido archivar esta pieza del «Caso Lezo» respecto de 15 personas, entre ellas el exministro Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el magistrado ve indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravado y da traslado a las acusaciones para que en 10 días presenten sus respectivos escritos de acusación.
Según el auto «la adquisición de INASSA por el ente público estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña AGUAS DE AMÉRICA SA TSAA— entre cuyos activos se encontraba el 75% de INASSA y el 51% de la sociedad dominicana WATCO SA, provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados —WATCO SA— que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica».
El juez abre una pieza separada en la que incluye estos hechos, que se remontan al año 2000 cuando varios de los investigados vinculados a Agbar llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en socios únicos de la misma y, «a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa como así sucedió finalmente».
El magistrado relata toda la operativa llevada a cabo por los investigados de una adquisición que, según explica «estuvo plagada de ilicitudes y contrariamente a lo autorizado», y que determinó que el 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa «es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones de dólares y 35.485.981 dólares».
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza respecto de 15 investigados, entre ellos Ruiz Gallardón, Ignacio González o Manuel Cobo, y la apertura de juicio oral «por hechos presuntamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos agravado».
La resolución acuerda incorporar a las actuaciones los dos informes periciales aportados junto con el escrito del Ministerio Fiscal, al considerarlos una prueba «relevante y necesaria» para reforzar la acreditación de los hechos relativos a la adquisición de la sociedad Inassa por el ente público Canal de Isabel II.
