domingo, 25julio, 2021
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La Asociación de Recuperación de Memoria Histórica pide al transparencia al Gobierno en el traslado de los restos de Franco

La ARMH espera que el Gobierno no agache la cabeza frente a la familia del dictador ni la fundación que lleva su nombre

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) espera que el Gobierno realice la extracción del cuerpo del dictador Francisco Franco, del Valle de los Caídos, con luz y taquígrafos.

El colectivo, que inició las exhumaciones científicas de desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, no quiere que ocurra como en otras ocasiones en las que la retirada de monumentos se ha llevado a cabo con nocturnidad y alevosía.

Así ocurrió con la retirada de la última estatua ecuestre de Franco en Madrid, hecha entre semana, de noche, como si hubiera que ocultar el hecho. La ARMH espera que el Gobierno no agache la cabeza frente a la familia del dictador ni la fundación que lleva su nombre. Ha sido un espectáculo ver durante estos meses que la familia de un dictador trataba de tú a tú al Gobierno de un Estado democrático, reprochan desde la Asociación a través de un comunicado.

La ARMH considera que se trata de una gran oportunidad para llevar a cabo un acto de pedagogía democrática y explicar a toda la sociedad por qué un dictador, que causo tanto daño a esta sociedad, que cometió y fue responsable de tantas violaciones de Derechos Humanos, no puede estar mantenido en un edificio de propiedad pública y soportado con el dinero de toda la ciudadanía, explican.

“SE TRATA DE UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LLEVAR A CABO UN ACTO DE PEDAGOGÍA DEMOCRÁTICA”

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En ningún caso sería comprensible que las víctimas del terrorismo o de un asesinato machista fueran obligadas por el Estado a pagar con sus impuestos la tumba del responsable de esos asesinatos. Pero eso es lo que han tenido que soportar las víctimas de la violencia paramilitar y militar de los golpistas de 1936; financiar con sus impuestos la tumba del dictador.

Se trata de una forma de maltrato por parte del Estado hacia familias que padecieron el mayor delito que se puede cometer contra un ser humano, una desaparición forzada, y que han visto como en 40 años de democracia no han recibido por parte del Estado ninguno de sus derechos: a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.

El Gobierno tendrá una oportunidad, con el traslado de los restos del dictador, en llevar a cabo un ejercicio de democracia didáctica con el que se le explique, a millones de personas que no han estudiado la represión franquista en sus centros de enseñanza. Ningún Gobierno ha potenciado esos contenidos; dar a conocer cuál es el significado de la dictadura franquista y cuál es el tratamiento que una democracia tiene que darle a quiénes secuestraron las libertades durante 40 años. El enterramiento del dictador en el Valle de los Caídos es una forma de reconocimiento del Estado a quienes persiguieron y asesinaron a sus adversarios políticos, ingresaron en manicomios a las lesbianas, encarcelaron a los homosexuales e hicieron desaparecer a 114.226 personas civiles, que no se encontraban participando en ninguna guerra porque fueron hechos desaparecer dentro de un proyecto de limpieza política.

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