La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera insuficientes las medidas que figuran en el Anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática para garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas por la represión franquista.
Para la ARMH, el texto presentado ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no aclara qué tiene que hacer la familia de una persona desaparecida para dirigirse al Estado y obtener la reparación a la que tiene derecho. “La comunicación del Gobierno ha sido algo confusa porque han dicho que quizá lo hagan los ayuntamiento, o las Comunidades Autónomas, la Fiscalía que se anuncia para investigar los crímenes de la guerra y el franquismo o las asociaciones”, explica Emilio Silva.
La ARMH, que no optará a las subvenciones para exhumaciones anunciadas por el Gobierno, rechaza el modelo con el cual se pretenden subvencionar las exhumaciones y recuerda el informe sobre España del Relator de la ONU para la Verdad, la Justicia y la Reparación, Pablo de Greiff, cuando explica que: “El modelo vigente de “privatización” de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad en las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad”.
La ARMH insiste en que el Estado debe atender directamente a los familiares, porque es la institución la que puede darles la condición oficial de víctimas y no las asociaciones que con toda su buena voluntad llevan años ayudándolas.
“Esperamos que en el proceso parlamentario se aclaren los procedimientos de la ley y que se pongan a disposición de las familias los servicios de atención a la ciudadanía que existen en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España”, explica Silva y añade que “el Gobierno podría empezar mañana mismo a atenderlas, podría poner a disposición las familias a los forenses del Estado, los laboratorios públicos de ADN, los departamentos de universidades públicas o los archivos con información sobre la represión”.
Con respecto a la Fiscalía, que pretende crear el gobierno para investigaciones de la Guerra Civil y de la dictadura, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica explican que el texto no aclara suficientemente cuáles serán sus competencias penales y si se creará un marco jurídico para que la Ley de Amnistía no sea un impedimento para las investigaciones. Así mismo, muestra su preocupación por que a esa Fiscalía puedan llegar casos que ya formaron parte de la Causa General, ordenada por las autoridades franquistas, que conllevó la simulación de miles de juicios militares y el asesinato por fusilamiento de más de 55.000 opositores al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
Por otra parte, la ARMH tampoco comprende la propuesta de fechas conmemorativas del Gobierno y las considera “fallidas”. “Pretende celebrar el 8 de mayo como Día del Exilio, cuando lo que el 8 de mayo de 1945 ha significado para cientos de miles de exiliados republicanos españoles, más allá de su desahogo por la derrota del nazismo, es que les quedaban 30 años más de exilio y por lo tanto no entendemos celebrar esa fecha. Por eso hemos propuesto la fecha del 22 de febrero, día de la muerte del poeta Antonio Machado que representa el drama de los cientos de miles de personas forzados a abandonar su tierra y todo lo que perdió nuestra sociedad con su partida”, explica Silva.
“Tampoco entendemos que se quiera conmemorar el 31 de octubre como día de las víctimas del franquismo. Argumenta el Gobierno que ese día de 1978 las dos cámaras enviaron a referéndum el texto de la Constitución, un texto que no condenaba la dictadura, que no citaba a las víctimas ni a quienes lucharon contra ella, elaborado por unas cámara cuyos plenos no han sido capaces de condenar la dictadura 45 años después de muerto el dictador”.
La ARMH ha propuesto al Gobierno por registro oficial la fecha del 12 de diciembre para conmemorar a las víctimas de la dictadura, porque fue el día de 1946 en el que la Asamblea General de la ONU condenó duramente al fascismo español, definiendo la dictadura franquista como un régimen despreciable al que la sociedad internacional debía combatir. “La memoria se debe hacer con la narración de las víctimas y también de los verdugos” explica Silva, “porque hay que mirar lo que hicieron los fascistas españoles, incluyendo los sectores más reaccionarios de la iglesia católica y los empresarios sin escrúpulos; por eso el término memoria democrática nos plantea algunas dudas”.
La Asociación prepara en estos momentos una versión comentada del texto del anteproyecto de ley, que espera enviar a todos los grupos con representación parlamentaria, a la vicepresidenta del Gobierno, a la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, al Defensor del Pueblo y a los organismos internacionales que han participado en este proceso: el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, al Relator Especial para la Verdad, la Justicia y la Reparación, ambos de la ONU, y a otros organismos que han exigido al Estado español la garantía de derechos para las víctimas de la dictadura y la derogación de la Ley de Amnistía.
