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La Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas denuncia también a Ayuso vía penal por las residencias

ADEPPU pide al juzgado que abra diligencias para investigar a la presidenta de la comunidad y a dos de sus consejeros por “homicidio imprudente; trato vejatorio; prevaricación; delito contra los derechos de los trabajadores y denegación de auxilio”

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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La Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas (ADEPPU), lamenta la gestión que, desde la Comunidad de Madrid, se  ha hecho de la pandemia respecto a las residencias de mayores y Sanidad  y,  pide al juzgado  de instrucción que abra diligencias para investigar  a la presidenta de la comunidad y a dos de sus consejeros por “homicidio imprudente;  trato vejatorio; prevaricación;  delito contra los derechos de los trabajadores y denegación de auxilio”.

Así, según la denuncia presentada este lunes, a la que ha tenido acceso Diario16,  ADEPPU acusa a la presidenta Díaz Ayuso, al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero y,  al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero de ser “incapaces de dar prioridad absoluta a sacar de las residencias a los fallecidos dejándoles con sus compañeros y extendiendo de esa manera la pandemia incumpliendo el protocolo de fallecidos”.

Además, la Asociación asegura que la Comunidad de Madrid tenía “más que localizadas las deficiencias debilidades de Residencias privadas y concertadas que hay en la región”.

También denuncia ADEPPU que “en la Comunidad de Madrid se han visto contagiados por el COVID 19 un total de 11.669 sanitarios, alrededor del 13% de los profesionales de la sanidad madrileña” y afirman que estos contagios han sido provocados por asistencias a enfermos que se realizaban sin ningún tipo de  protección personal contra el virus “ya que el proporcionado por la Consejería de Sanidad  era insuficiente y de mala calidad”.

“Existen en la CAM unos 260 Centros de Atención Primaria. De los que se  mantienen completamente cerrados 54 (alrededor del 20%) y otros 8 centros con limitación de horario” afirman en la denuncia, que continua y asevera que “en ninguno se da cita previa, cosa que ocasiona  un perjuicio consciente para los ciudadanos”.

Concluye ADEPPU la denuncia y considera “que de los hechos anteriores, pudieran ser constitutivos de los delitos de homicidio imprudente;  trato vejatorio; prevaricación;  delito contra los derechos de los trabajadores y denegación de auxilio”.

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