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La Asociación de Usuarios de la Comunicación muestra su desacuerdo con la contrarreforma de Telemadrid de Ayuso

La propuesta planteada por Ayuso llevará a RTVM a una mayor subordinación política y a una pérdida de independencia profesional y al cierre de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en la gestión de los medios públicos

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha mostrado su disconformidad con la Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular ante el parlamento autonómico para modificar la Ley 8/215, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, aprobada definitivamente ayer en la Asamblea con los únicos votos de los conservadores de Isabel Díaz Ayuso y el apoyo de la extrema derecha, con su abstención.

Contrarreforma

Para la AUC, la pretendida reforma es más bien una contrarreforma, y se traduce en “tres proposiciones con freno y marcha atrás”, que llevarán a la radiotelevisión madrileña a una situación de mayor dependencia política y gubernamental, y, sobre todo, al cierre abrupto de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en los medios públicos.

Este último aspecto es para la Asociación de Usuarios de la Comunicación especialmente decepcionante, ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad.

La iniciativa, aprobada en trámite de lectura única, no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM, considerada como un servicio esencial de interés económico general por la Ley 8/2015. Tampoco supone una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público. Básicamente, plantea tres cambios en su actual régimen jurídico, de naturaleza regresiva:

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Eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración

En su modelo actual, y así ha sido desde la entrada en vigor de la norma reguladora de la radiotelevisión autonómica vigente, los miembros del Consejo de Administración de RTVM son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid (apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley).

Esto se ha cargado Ayuso

Coloca a Madrid en el grupo de comunidades autónomas que cuentan con participación social en el Consejo de Administración de sus respectivas radiotelevisiones públicas, como es el caso del País Vasco, de Aragón o de la Comunidad Valenciana. Pero es la única en la que, además, cuenta con la participación social y profesional, con 5 miembros, supera a la de propuesta parlamentaria (4 miembros), en cumplimiento del artículo 3 del artículo 13 de la Ley de RTVM.

La proposición aprobada, sin embargo, modifica o deroga estos artículos, con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros.

Este modelo de propuesta y designación coloca a Madrid en el grupo de comunidades autónomas que cuentan con participación social en el Consejo de Administración de sus respectivas radiotelevisiones públicas, como es el caso del País Vasco, de Aragón o de la Comunidad Valenciana. Pero es la única en la que, además, la participación social y profesional, con 5 miembros, supera a la de propuesta parlamentaria (4 miembros), en cumplimiento del artículo 3 del artículo 13 de la Ley de RTVM. La proposición aprobada, sin embargo, modifica o deroga estos artículos, con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros.

Reducción de las competencias del Consejo de Administración

El nuevo Consejo de Administración será más dependiente de los grupos parlamentarios, y, como decíamos, más gubernamentalizado. Pierde además atribuciones: aunque se mantiene su capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la Dirección General, se elimina de sus competencias y funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración.

Mayor dependencia del Director General Uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un Director General propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión. Con el cambio aprobado, se reduce su mandato de seis a cuatro años; elimina la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su reelección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias que, en línea con otras contrarreformas como la operada en RTVE en 2012, puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación.

Independencia

Más allá de la lectura ad hominem que pueda hacerse de estas medidas, y de su aplicación retroactiva, cierran el círculo de una RTVM menos independiente, más mediatizada por las mayorías parlamentarias y por el gobierno de cada momento, y menos abierta a la sociedad. Un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un escenario audiovisual caracterizado por la digitalización y la convergencia, como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social.

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