sábado, 18septiembre, 2021
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La Asociación de la Memoria Histórica coloca a Pedro Sánchez ante el reto de condenar la dictadura de Franco

Para la organización, es incomprensible que las altas instituciones del Estado no hayan llevado a cabo todavía una condena explícita y contundente de una dictadura que debe ser inaceptable para cualquier ciudadano demócrata”.

Diego Castrejón
Una infancia marcada los abusos sexuales de los que fue víctima. Un paso por prisión. Una imagen pública condicionada por la denuncia de la corrupción política en Andalucía. Diego Castrejón, ha vivido en carne propia la dureza de ser un excluido y como el poder pone en marcha, los mecanismos para expulsar del espacio público a todos aquellos que se atreven a plantar cara a la corrupción. Periodista, activista en defensa de los derechos humanos, Diego Castrejón, ha consagrado los últimos diez años de su vida a estudiar los procesos de exclusión social, así como a defender el derecho de participación y a ser reconocidos de los sectores más estigmatizados de la sociedad. Hoy es el coordinador de la Red Iberoamericana para la defensa de los derechos humanos.
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recuerda que, después de 46 años desde la muerte del dictador, ninguna alta magistratura del Estado ha condenado ni el golpe de estado que originó la Guerra Civil ni a la dictadura impuesta tras la victoria de los golpistas. Por ello, pone al presidente Pedro Sánchez ante el reto de ser quien condene estos hechos históricos.

En la semana en la que se cumplirán 85 del golpe de estado protagonizado por los militares españoles sublevados contra el régimen democrático de la II República, la ARMH ha registrado oficialmente una petición explicita al presidente del Gobierno. En ella instan a Pedro Sánchez a realizar una declaración oficial de condena de este hecho histórico con el comenzó la Guerra Civil española.

Fiel a su línea crítica con la actuación del Estado español, en la gestión de todo lo relativo a la dictadura de Franco y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen franquista, la ARMH, expone en el escrito dirigido a la presidencia del Gobierno de España condene estos hechos.

Condena explícita y contundente

Así, en la misiva se solicita que: “Transcurridos casi 46 años desde la muerte del dictador, no es comprensible que las altas instituciones del Estado no hayan llevado a cabo todavía una condena explícita y contundente de una dictadura que debe ser inaceptable para cualquier ciudadano demócrata”.

Igualmente, en declaraciones a Diario16, Bonifacio Sánchez, portavoz de la asociación memorialista, explica que “la memoria histórica es una cuestión de urgencia en España«.

A juicio de presidente de ARMH, «el Gobierno no puede jugar más con las esperanzas de unas familias que llevan toda la vida esperando y nunca acaban de ver llegar una solución definitiva”.

Con el texto remitido al jefe del ejecutivo, la ARMH hace incidencia en el olvido al que se ha relegado por parte de las instituciones públicas, Jefatura del Estado incluida, a las víctimas del franquismo, en lo que para Bonifacio Sánchez se concreta un “muy evidente pacto de silencio contra nuestro pasado”.

Este olvido, para la organización presidida por Emilio Silva “fomenta la debilidad de nuestra cultura democrática, mantiene un imaginario injusto con las víctimas, beneficia a quienes han disfrutado de una intocable impunidad y mantiene al Estado en una falsa neutralidad«.

Recuedan también que «la pasividad de una institución ante la existencia de verdugos y de víctimas es un beneplácito para las élites franquistas y un menosprecio a las víctimas”.

Declaración en torno al 18 de julio

En último extremo, la ARMH apremia a Pedro Sánchez a que la declaración se efectúe en el entorno del 18 de julio. Fecha en la que los golpistas se sublevaron contra el régimen democrático en 1936.

La asociación recuerda así que: “Es momento de que se lleve a cabo esa condena y una disculpa del Estado ante los supervivientes y sus familias, castigadas por haber ejercido y defendido derechos que hoy consideramos inherentes a cualquier ser humano e irrenunciables en una democracia”.

Para el portavoz de la ARMH, esta condena sería el primer paso para alcanzar una solución definitiva “de la que tienen que participar las instituciones de la Unión Europea; exigiendo al Gobierno de España el cumplimiento del derecho penal internacional” 

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