La antigua cúpula de Defex (empresa semipública de armamento), obtuvo más de 20 millones en comisiones ilegales por la venta de armas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y Brasil, según ha informado la Cadena SER. La compañía ha pedido al juez ser acusación particular contra los ex directivos por el “cuantioso quebranto económico” que la ha dejado en periodo de liquidación.
Los principales investigados en el caso Defex, el expresidente José Ignacio Encinas Charro, que estuvo más de veinte años en el cargo, y el directivo y coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe, habrían conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, gracias a la trama de empresas ficticias, diseñadas desde Luxemburgo.
Defex es propiedad en un 51% de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Explosiones Alavesas, Maxam e Instalaza con un 10,8% cada uno. SAPA Placencia y Alfa Lan, posee, el 8,1% cada uno.
El escándalo estalló en 2014, con la detención de diez personas entre ex directivos y la sobrina del espía español Francisco Paesa, (Beatriz García Paesa), que según la investigación fue la persona que diseño la trama de desvío y blanqueo mediante una estructura financiera, desde su despacho en Luxemburgo.
La Guardia Civil puso en marcha la operación Agora en el año 2012, cuando desde Luxemburgo se avisó a la Fiscalía Anticorrupción española de una transferencia sospechosa de un empresa española.
Según el informe de la UCO, se investigó un contrato de venta de material policial a Angola, valorado en 152,9 millones y suscrito en 2008, y del que solo una tercera parte se empleó para comprar el material y formar a la policía angoleña. El resto, unos 100 millones, se desvió en pago de sobornos y comisiones.
Las fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la UCO de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional, escriben en el informe que esta empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión y sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento, para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendía armas”.
La UCO ha llegado a afirmar en su informe que “Defex actúa como una organización criminal”. Llegaron a averiguar una compleja estructura offshore que hacía que el dinero viajara por todo el mundo hasta llegar a manos de los funcionarios públicos angoleños y de los ex directivos de Defex. Gracias a las comisiones rogatorias de la justicia española a varios países y sumados los registros en despachos de Luxemburgo y Ginebra, los agentes de la UCO pudieron encontrar a empresas que facturaban trabajos ficticios a Defex, otras intermediarias opacas que canalizaban los fondos y compañías sin actividad creadas en paraísos fiscales con las que se cerraba el círculo.
Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.
Encinas Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las autorizaba la propia DEFEX. Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato de la empresa pública.
Desde el SEPI se afirma que se “está ofreciendo la máxima colaboración a la justicia para que esta llegue hasta el final”.
