domingo, 26septiembre, 2021
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La agrupación reformista de policías denuncia fraudes en el uso de los permisos sindicales

Según ARP varios miembros de los sindicatos de las fuerzas de seguridad nacionales estaban usando los permisos concedidos a los representantes de sindicatos, siendo sólo afiliados

Jorge Martín
Graduado en periodismo y con un Máster en Locución. Creador y escritor de Rebobinando el cine. Cinéfilo y fotógrafo.
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La Agrupación Reformista de Policías (ARP)ha denunciado un uso fraudulento de los permisos sindicales. Según la agrupación, se trata de una serie de concesiones que se dan únicamente a los portavoces sindicales, y que sin embargo han sido utilizados por simples afiliados, que habrían dedicado ese tiempo a cursos de formación, una actividad no contemplada por la normativa vigente.

Los portavoces de la agrupación han explicado que este tipo de permisos “han de ser solicitados por los Sindicatos a la División de Personal, identificando a los funcionarios para quienes se piden, el lugar y la fecha o fechas en que se celebrará la reunión sindical”. Según ARP en su lugar se están concediendo estos permisos “ocultando su verdadera finalidad, en beneficio de quienes no tienen derecho a ellos y para actividades no permitidas por la normativa”.

Aseguran además que se trata de “una práctica habitual, frecuente y extendida a toda España desde hace años”. Acusan desde ARP en particular al Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión Federal de Policía (UFP) y Confederación Española de Policía (CEP), de solicitar y obtener de la División de Personal de la DGP permisos retribuidos para supuestas reuniones para actividades sindicales de esta forma fraudulenta.

Entiende la agrupación policial que esto supone un gasto que estiman en cerca de dos millones de euros anuales, con más de 20.000 jornadas laborales perdidas de forma irregular. Además, afirman que “se priva de efectivos a la labor policial, sobrecargando de trabajo a funcionarios que han de asumir la carga de trabajo propia y la de quienes, sin tener derecho a ello, se benefician de liberaciones”.

Por último plantean la cuestión de por qué la Dirección General de la Policía delega “de facto e irregularmente” la formación de los agentes del Cuerpo a esos sindicatos representativos, y también quieren saber “cuál es el beneficio económico total que las organizaciones sindicales implicadas obtienen con ello”.

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