La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) ha denunciado que la administración de Donald Trump violó leyes federales porque aprovechó el precio de las entradas para mantener abiertos los parques nacionales durante el cierre de Gobierno.
En concreto, el Departamento de Interior movió dinero entre cuentas sin la autorización del Congreso. A partir de este momento, GAO tiene la obligación de informar a la Cámara de Representantes sobre esta violación legal, identificar a los funcionarios responsables y presentar medidas para evitar que este hecho se pueda repetir en el futuro. Estos funcionarios podrían ser castigados con duras sanciones.
Según el informe de GAO, el Departamento de Interior no colaboró en la investigación de esta agencia, algo que fue respondido por la administración con que no estaban de acuerdo con el informe porque se trataba de una interpretación errónea.
Los demócratas del Congreso, por su parte, afirmaron que la administración de Trump había violado de manera flagrante la ley y que iniciarían una serie de medidas para que se impongan las sanciones que correspondan. «Debería haber consecuencias por esta violación», afirmó un senador demócrata.
