La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha recurrido el auto de archivo de la causa de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, dictado por el juez Fernando Andreu, alegando que estas entidades «manipularon el mercado» para dar al producto una “apariencia de rentabilidad” y mantener la “ilusión de que tenía liquidez” e incluso “una buena cotización”.
Según el escrito de la CIC, “Las entidades manipularon el mercado, dando al producto una apariencia de rentabilidad, solvencia y liquidez del que carecía, a fin de evitar que se descubriera la realidad y se multiplicaran las reclamaciones y acciones judiciales de los perjudicados”, remarca. «En definitiva, Caja Madrid y Bancaja, que después constituyeron Bankia, y las restantes entidades aprovecharon la falta de transparencia para crear un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los precios de cotización, a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario real», explica.
Pero además, la CIC culpa a la Fiscalía de “estrangular” la instrucción del caso ya que el fiscal “se opuso desde el primer momento a la apertura del procedimiento”, y considera “censurable” el hecho de que no se investigara a las cúpulas por posible estafa o engaño provocado a los inversores por la simple emisión de las preferentes.
Cuando en mayo de 2010 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) denunció la situación, el mercado se paralizó por completo y se negó a los clientes la posibilidad de seguir operando con las participaciones preferentes, “quedando literalmente atrapados”.
La estafa de las preferentes en España arranca en los años 1990, incrementándose en 2003 y con el punto álgido en el periodo 2009 a 2011 con burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera.
Unos 700.000 clientes, sin entender el producto por su complejidad, fueron engañados y por tanto desconocían el riesgo que acarreaba su adquisición. En muchos casos pensaron que era renta fija, cuando en realidad era renta variable. En el momento más álgido, y con el estallido de la crisis financiera de 2008, el valor de venta de preferentes alcanzó los 30.000 millones de euros. El Gobierno de España admitió que su comercialización fue un fallo y la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) terminó por reconocer que en ocasiones se incumplía la ley.
