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A finales del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenaba a España por no atender la recusación por parcialidad que presentaron Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale en 2011 contra la juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, por el ‘caso Bateragune’. En su sentencia, el tribunal europeo concluía que «el recelo de los demandantes (hacia Murillo) podía considerarse objetivamente justificado», teniendo en cuenta que dos meses antes el Tribunal Supremo español había aceptado su recusación en otro caso, donde la misma jueza preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo etarra y, ante su negativa a responder, la magistrada demostró sus prejuicios hacia el encausado afirmando: “Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta”.

En el juicio al ‘procés’, este martes pasado se inició una discusión entre el abogado de Cuixart, Benet Salellas, y el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, cuando el primero hizo notar la diferencia de trato que se dispensaba a sus testigos en relación con la forma en que la Sala había tratado a los testigos de la acusación. El rifirrafe terminó cuando el letrado acabó diciendo  “Si la Sala no me permite la pregunta, no voy a formular más preguntas”,  y fue entonces cuando Marchena respondió, ante el asombro de sus propios compañeros de Sala, con un «Mucho mejor», haciendo evidente de esta forma sus prejuicios frente a los testigos presentados por los abogados de Jordi Cuixart.

Este error en solitario del presidente del Tribunal provocó sin embargo que todos los componentes de la Sala se replegaran en el primer receso de la mañana, buscando una estrategia que mitigara lo que ya empieza a evidenciarse como un claro motivo de nulidad del juicio al ‘procés’, que no tardará en ser condenado por el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

Fruto de esa estrategia consensuada, en el mismo receso posterior a esos enfrentamientos “fuentes” del tribunal se apresuraron en dar a conocer la supuesta irritación por lo que se describía como actitud «intolerable» de los testigos y abogados en la sesión. Esas mismas “fuentes” hablaban de «profundo malestar» con la estrategia de defensa y con el comportamiento de los testigos y abogados, y de «provocación al tribunal», y advertían que el comportamiento de algunos letrados chocaba con el código deontológico de la abogacía.

Sin embargo, esta estrategia de la Sala no ha podido eliminar la idea que se ha forjado ante la opinión pública internacional, acerca de que ha sido el abogado de Cuixart, Benet Salellas, quien ha conseguido que Manuel Marchena se haga el harakiri en la fase final del juicio al ‘procés’.

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