Es necesaria la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los abogados puedan representar a las víctimas hasta la apertura del juicio oral” tal y como se reconoce a los abogados que defienden a los acusados. Ésta fue una de las conclusiones más relevantes a las que han llegado abogados y abogadas en las VIII Jornadas de Violencia de Género, celebradas este jueves en el Consejo General de la Abogacía Española y que han contado con más de 2.600 asistentes inscritos. 

En el mismo sentido, quienes deben velar por los derechos de las mujeres que sufren algún tipo de maltrato reivindican “una asistencia letrada a las víctimas antes y en la formulación de la denuncia”.  En las conclusiones de la Jornada, los abogados y abogadas especializados en la materia han incidido también en que “es fundamental modificar la normativa para la inclusión de la Abogacía Española como miembro del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer”.

Las conclusiones han formado parte de la clausura, que a su vez ha venido precedida de la mesa sobre la “Valoración y consecuencias del Covid-19” en la asistencia a las víctimas de violencia de género. Como ponentes han intervenido Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministro del Interior; Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Mª Victoria Rosell Aguilar, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer.

“ES NECESARIA UNA ASISTENCIA LETRADA A LAS VÍCTIMAS ANTES Y EN LA FORMULACIÓN DE LA DENUNCIA”

Pilar Martín Najera ha explicado que la violencia de género se ha convertido en la otra pandemia en la sombra.  La fiscalía fue consciente de los cambios que se avecinaban como ha sido lanzarse  a las nuevas tecnologías. Pero en su opinión, “el teletrabajo en violencia de género no debe sustituir el trato directo a las personas más vulnerable”. Nájera ha señalado que durante los meses de marzo y abril se produjo una  disminución drástica de las denuncias, hasta en un 60%, pero esto no quiere decir que la violencia no se haya producido porque las victimas tardan una media de 8 años en denunciar. Por tanto, ha concluido que “hemos dejado a las víctimas solas por esa lejanía y esos medios telemáticos, por lo que hay que poner en primer plano a la víctima, escucharla y explicarle todas las circunstancias, y el papel de los abogados será fundamental.”

Victoria Rosell ha recordado todos los nuevos sistemas implantados por el Gobierno  en este periodo y que fue “declarado como servicio esencial la atención a la víctima”, señalando la coordinación institucional como vital en esta pandemia. Por otro lado, ha aportado otras soluciones que no sean plenamente las judiciales para luchar contra la violencia de género y ha concluido que “tenemos un gobierno altamente sensible a las políticas de violencia de género, feminista y defensor de los derechos humanos”.

Por su parte, Fernando Grande- Marlaska ha puesto en valor la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el conjunto del Gobierno, lo que ha considerado “una exigencia, ya que estamos hablando de derechos humanos y la colaboración institucional constante en la lucha contra la violencia de género”. Aunque ha confesado que, lamentablemente “en materia de la violencia de género no hay resultados positivos”.

Para Victoria Ortega, el  control del agresor en el hogar ha llevado a una disminución en el número de intervenciones y ha destacado también el papel de las fuerzas y la colaboración institucional constante en un tema tan importante, como es la violencia de género.

En la primera mesa  de la tarde se ha abordado la “Violencia económica” y ha estado a cargo de José Soler Llácer, fiscal de la Fiscalía de Elche y Raquel Marco Espejo, abogada especialista en violencia de género y ha sido moderado por Maribel Martínez Pérez, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española.

Raquel Marco ha confesado  que “en lo que respecta a la violencia económica hemos avanzado muy poco. Es una forma de violencia de control a las víctimas que genera temor y viene asociada a un maltrato psicológico que se da por aceptado en la pareja”.  La abogada ha subrayado  que este tipo de violencia no está tipificado y, en muchas ocasiones, se considera un simple incumplimiento de pensiones, por ello a su parecer, una reforma legislativa no es la solución. “Con una buena instrucción de los procedimientos podría encajar en un delito de coacciones. Para eso, necesitamos que los operadores jurídicos tengan más empatía y perspectiva de género, de que existe ese peligro para las víctimas”, ha apuntado.

Para José Soler “los medios no son suficientes pero los tenemos tanto a nivel constitucional, internacional, tanto penal, y la Fiscalía los puede utilizar para evitar que la víctima deje de acusar por cuestión de falta de medios”. El fiscal ha incidido también en la necesidad de promover la igualdad y evitar la discriminación, aunque confesó que “queda mucho por hacer. Es necesario estudiar esta materia y articular nuevos delitos, rentas y medios para el acceso a las víctimas”.

La siguiente mesa de debate,  “La responsabilidad civil en materia de violencia de género”, ha contado con las ponencias de Montserrat Linares Lara, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española y Josep Juliá Pascual Llopis, también vocal de la misma Subcomisión, al igual que Concepción Valiente Cantero, que ha sido la moderadora.

Montserrat Linares ha apuntado que este daño es muy difícil de ver y de cuantificar porque no hay criterios, además, a veces,  “tenemos tantos problemas con las víctimas para conseguir medidas de protección, que nos olvidamos del resarcimiento del daño moral que se le causa” y ha añadido que “no tenemos que reformar nada, tenemos que aplicar las normas con perspectiva de violencia de género”.

Por su parte, Josep Julià ha hecho hincapié, en que muchas veces, las víctimas no quieren reclamar por esos daños morales. Por ello, “los abogados defensores tenemos que ser los primeros en exigir que tienen derecho a esa indemnización”.

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