El pasado martes, el Consejo General del Poder Judicial daba a conocer un documento que contiene un centenar de medidas organizativas y procesales destinadas a contribuir al plan de choque, con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma y que pretenden trasladar al Ministerio de Justicia, a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a las asociaciones judiciales y a los operadores jurídicos.

En el mismo, se recogen medidas organizativas encaminadas a dotar de refuerzos a aquellos órganos judiciales que resulten más sobrecargados, la habilitación del mes de agosto para la tramitación y resolución de procesos judiciales, además de otras modificaciones legislativas y medidas encaminadas a unificar criterios interpretativos a fin de desincentivar litigaciones sin fundamento, previendo la posibilidad de imponer multas  como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables.

La respuesta de la Abogacía no se ha hecho esperar

El mismo martes, el Colegio de Abogados de León emitía  un comunicado, al que ha tenido acceso Diario16, en el que muestra su más “absoluto rechazo a las medidas propuestas por la judicatura”.

Además, consideran que “el máximo órgano de los jueces, lejos de presentar una batería de medidas concretas encaminadas a la solución efectiva de los problemas concretos ocasionados durante la suspensión de la actividad judicial por el estado de alarma, articula una serie de reformas legislativas que poco o nada tienen que ver con el problema suscitado en este momento”, que suponen una merma de los derechos y garantías procesales de los ciudadanos, consumidores y profesionales” y exigiendo que cualquier reforma legislativa en materia procesal se lleve a cabo con el consenso de los profesionales de la Abogacía.

En el mismo sentido, otros Colegios de Abogados, como Sevilla, Granada, Cáceres, Cantabria, Talavera de la Reina, Badajoz, Cartagena entre otros, se han manifestado contrarios a las propuestas de los Jueces.

La habilitación del mes de agosto para la tramitación de procedimientos judiciales, supone que los profesionales de la Abogacía se vean privados de vacaciones, mientras que el documento hecho público por el Consejo General del Poder Judicial prevé que dicha habilitación “debe acompañarse con las medidas correspondientes de racionalización (que no de supresión) de las vacaciones de jueces, magistrados, fiscales y funcionarios”.

El Consejo General de la Abogacía Española, que reúne a los 83 Colegios de Abogados de España, presentará el próximo martes al Ministerio de Justicia de España una respuesta fundada a las propuestas del Consejo General del Poder Judicial, pero ya ha adelantado que “defenderá ante los órganos competentes el respeto escrupuloso de las vacaciones, así como el derecho a la conciliación familiar de la Abogacía”.

“Nuestra prioridad en estos momentos es defender tanto los derechos de la Abogacía como los de la ciudadanía, garantizando el libre acceso y con garantías a la tutela judicial efectiva.”

Apúntate a nuestra newsletter

2 Comentarios

  1. Los Abogados estamos acudiendo a nuestros despachos a atender en todo lo posible a nuestros clientes , desplazándonos para asesorar y ayudar en algo tan fundamental como es el derecho a la Justicia…etc.
    Incluso algunos Abogados, que se dedican principalmente a cuestiones «penales» casi nunca han tenido vacaciones en Agosto, ya que este mes no es inhábil para la instrucción de las causas por lo que hay que estar cada vez y donde se nos requiera.
    Seguro que tu si has tenido vacaciones toda tu vida . Algunos no podemos decir eso. PIENSA E INFORMATE ANTES DE HABLAR…!!!!

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre