El Consejo General de la Abogacía Española ha emitido una declaración en la que llama a las Administraciones Públicas, instituciones y formaciones políticas a impulsar un Pacto para mejorar la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Esta solicitud se basa en la difícil situación que enfrenta el sistema judicial en España, agravado por la crisis pandémica y la desatención crónica de los poderes públicos.
El Consejo General de la Abogacía Española, que representa y coordina a los 83 Colegios de la Abogacía de España y a más de 150.000 abogados y abogadas, considera necesario avanzar en aspectos esenciales para dignificar, hacer accesible, transparente y mejorar la calidad de la justicia. Entre ellos, se encuentra la retribución digna de los profesionales de la abogacía que prestan servicios de Justicia Gratuita a través del Turno de Oficio y su actualización conforme al IPC.
Además, se requiere el reconocimiento y compensación de todas las actuaciones de los profesionales de la abogacía en las intervenciones derivadas del Turno de Oficio y la promoción de los acuerdos extrajudiciales para reducir la litigiosidad. También se debe garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema de Justicia Gratuita y establecer el Salario Mínimo Interprofesional como criterio para el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.
Otras medidas importantes incluyen la modernización de la Justicia, la creación de turnos de oficio especializados en materia de protección internacional en territorios con mayor número de solicitudes y la reducción de las cargas burocráticas para los profesionales de la abogacía y para las organizaciones colegiales.
Estas reivindicaciones serán abordadas en las sesiones deliberativas del XIII Congreso Nacional de la Abogacía, que tendrá lugar en mayo en Tarragona. La abogacía española insta a las administraciones públicas, al resto de instituciones y a los partidos políticos a trabajar juntos para alcanzar un Pacto que responda a las necesidades del servicio público de Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, y de los profesionales que prestan este servicio. Este es un paso fundamental para garantizar el derecho de defensa de la población más vulnerable y hacer efectivo el mandato constitucional del artículo 24 de la Constitución Española.
Cada uno de esas partes acostumbran a priorizar sus propios deseos, necesidades…que ocurre con los ciudadanos, con sus representados…el individualismo, el egoísmo de mirar por el interés propio y los intereses de los demás, de los ciudadanos que son tratados injustamente por unos y otros , condicionado, según el beneficio personal, económico que les aporta…Hemos escuchado las quejas, las penas de cada uno de ellos…Cuando se recogerá la opinión y el daño que hacen ambos a los ciudadanos…Seguro que nos sorprende, nos escandaliza el comportamiento de algunos juristas, que olvidan los principios del código ético y morales que deber regir esa profesión…