Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se dio a conocer el pasado 19 de diciembre, se esperaba la respuesta de las partes del proceso. Una cuestión prejudicial que Marchena, al plantearla, ya se había comprometido a acatar fuera cual fuese el resultado, y que ha dado un duro varapalo al Tribunal Supremo, girando de manera incontestable el cauce que tenían los acontecimientos judiciales del «procés».

La Abogacía del Estado ya se pronunció en su momento al respecto de la puesta en libertad de Oriol Junqueras al presentarse a las elecciones europeas y resultar candidato electo. Sin embargo, su posición no fue tenida en cuenta y desde la Sala Segunda del TS no se permitió la puesta en libertad del líder de ERC. El posicionamiento, tras conocerse la sentencia del TJUE del pasado 19 de diciembre, por parte de la Fiscalía ha sido el de mantener a Junqueras en prisión y hacer todo lo posible para que no sea puesto en libertad. Sin embargo, la Abogacía del Estado se ha posicionado en un momento en el que las negociaciones entre ERC y el PSOE están cada vez más cerca de dar frutos: ya se deja ver la investidura entre el 2 y el 5 de enero. Y la reacción por parte de la Abogacía del Estado era fundamental para que ERC desbloquease su no bloqueo a la misma.

El informe aún no se ha hecho público, pero diferentes medios han hecho referencia ya a su contenido, señalando que en él se pedirá que Junqueras sea puesto en libertad para poder recoger su acta como eurodiputado. Según informa RTVE, que ha tenido acceso al escrito, la Abogacía solicita a la Sala de lo Penal del TS que haga posible que el exvicepresidente catalán pueda ejercer como eurodiputado mientras mantenga su estatus (a expensas del suplicatorio que ha de conceder el Parlamento Europeo), en aplicación de la sentencia del TJUE que determinó que tenía que haber sido reconocida la inmunidad de Junqueras.

 

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