Justicia universal y memoria histórica: la gran asignatura pendiente del Poder Judicial español

El 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante los tribunales de justicia de la República Argentina con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por jerarcas de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente. Amparados en la legislación internacional de Naciones Unidas sobre Justicia Universal, las víctimas del franquismo presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires (República Argentina) la querella 4591/2010 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el anterior régimen entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas. La jueza María Servini de Cubría es la encargada de instruir las diligencias.

Carlos Slepoy, abogado de la denominada querella argentina, recuerda que la acción judicial fue presentada por familiares de asesinados y desaparecidos durante la dictadura, así como diversas asociaciones españolas y argentinas. “Las medidas adoptadas por el juzgado acreditan que la querella avanza sólidamente hacia el cumplimiento de sus objetivos. Tengo el honor de ser uno de los abogados en esta causa como lo fui en las que, con igual propósito, se instruyeron en España en relación con los crímenes cometidos por la dictadura argentina”, asegura Slepoy.

En un artículo firmado por el letrado argentino, se recuerda que ambos procedimientos (el que tiene que ver con España y el que investiga los crímenes en el país latinoamericano) fueron instruidos en virtud del principio de Justicia Universal, que habilita a los órganos judiciales de un Estado para la investigación de crímenes cometidos fuera de sus fronteras, sin que sea necesario que los mismos afecten a sus intereses, “o sean cometidos por o contra sus ciudadanos en el extranjero o que los autores de los delitos se encuentren en su territorio”. Su único límite es que los responsables de los ilícitos hubieran sido ya juzgados en otro país, donde se cometió el crimen o en cualquier otro.

La Justicia Universal es una herramienta fundamental para la persecución de delitos de lesa humanidad. Impulsada en su día por el juez Baltasar Garzón, el PP de Mariano Rajoy la desterró del ordenamiento jurídico español en el año 2014, aunque es cierto que en 2018 rectificó y se mostró dispuesto a rescatarla de nuevo. Mostrarse en contra de la persecución de los genocidios fue uno de los mayores errores del Gobierno conservador, y eso que cometió unos cuantos. De esta manera, hoy por hoy los populares parecen aceptar que se pueda juzgar en España a implicados en crímenes de lesa humanidad que no solo sean españoles o residentes en territorio nacional. Aunque esa posición ideológica puede variar en cualquier momento, ya que la extrema derecha viene apretando fuerte y Pablo Casado es proclive a comprarle los argumentos a Santiago Abascal.

Según Slepoy, la Justicia Universal se aplica exclusivamente a crímenes internacionales, es decir, aquellos que han sido objeto de tratados o estatutos de carácter internacional y, de modo especial, respecto de crímenes contra la humanidad. “Dado que estos se cometen normalmente por un gran número de personas contra una parte sustancial de una sociedad, todas las víctimas pueden ser parte de los procedimientos y estos se dirigen contra todos los victimarios. Queda garantizado de este modo que todos los afectados pueden hacer oír su voz y su denuncia y que la vocación de los procesos es la de enjuiciar y castigar a todos los responsables”, explica el abogado. Por tanto, es la naturaleza internacional del crimen lo que determina el carácter universal de la jurisdicción. El tribunal de justicia actúa en nombre y representación de la comunidad internacional. “Su proclamado objetivo es impedir la impunidad de los causantes de aquellos crímenes que la conciencia universal y el derecho internacional han elevado a la categoría de imprescriptibles, inamnistiables, inindultables y sujetos a persecución judicial en todo tiempo y lugar”, aclara el letrado.

Acabar con la impunidad es posible. Lo estamos viendo estos días con el caso que afecta al exministro Rodolfo Martín Villa, que ha declarado ante la jueza Servini por delitos de lesa humanidad en relación con las muertes de 12 personas entre 1976 y 1978, cuando formaba parte del Gobierno. El exministro ha asegurado en su descargo que “es imposible que hubiese un genocidio en la Transición”, tal como le atribuyen los hechos de la querella. Sin embargo, será la jueza quien tome una decisión al respecto. De momento, nos encontramos una vez más ante la paradoja de que tenga que ser un tribunal extranjero y no uno español, quien venga a enjuiciar unos hechos relacionados con el franquismo y la Transición. Es cierto que poco a poco el Poder Judicial se va adaptando a la Ley de Memoria Histórica, como demuestra la reciente sentencia que condena a los Franco a devolver al Estado el pazo de Meirás. Pero no deja de ser menos cierto que todavía queda mucho camino por recorrer.

Un país no puede definirse como cien por cien democrático mientras no haya reparado la deuda con aquellos que sufrieron las atrocidades del régimen fascista. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en el último año con algún que otro juez que se ha opuesto frontalmente a la exhumación de la momia del dictador del Valle de los Caídos. Finalmente tuvo que ser el Tribunal Supremo quien zanjara la cuestión a favor de la salida de los restos del tirano de su macabro mausoleo. Nos guste o no, todavía está arraigado cierto respeto reverencial a la figura del Caudillo entre no pocos miembros del escalafón judicial que por lo visto no hicieron la Transición cuando tocaba. Una sociedad democrática no debe tolerar esa disfunción anacrónica. La Justicia Universal va abriéndose camino en España y sin duda llegará el día en que los ciudadanos que opten por pedir justicia y resarcimiento moral y económico frente a las barbaridades cometidas por el franquismo puedan hacerlo sin encontrarse con los obstáculos que todavía hoy persisten. Cuando llegue ese día podremos decir que España es, con todas la de la ley, un país homologable al resto de las democracias europeas.