Al final, al Gobierno se le ha agotado la paciencia. El continuo entorpecimiento en lo que a funcionamiento de las instituciones se refiere les va a salir muy caro a la derecha de este país. ¿Quieres caldo? Pues toma dos tazas. Y así se han designado a dos ex altos cargos para cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional que les corresponde por ley: Laura Díez y Juan Carlos Campo. Los gritos y malos modos de los conservadores traspasan los límites de la política y se oyen hasta en los rincones más recónditos.
Pero la derecha tiene que callar. No sirve ese argumento de que el Gobierno, con estos nombramientos, ha politizado la justicia aún más de lo que está. Efectivamente. La justicia está cada día más politizada. ¿Pero, quien empezó? Sólo hará falta recordar al PP que, durante ocho años, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha sido un ex director general con el gobierno de Aznar. Y que Carlos Lesmes se encargó, hasta hace algo menos de un año, de colocar en el Tribunal Supremo, a personas afines a los conservadores. Uno de los cuales, el magistrado de la sala de lo Contencioso Administrativo, José Luis Requero Ibáñez, no sólo sigue haciendo declaraciones en contra del Gobierno, de la reforma del delito de sedición, del aborto y demás lindezas, sino que, en su día, elaboró un dictamen contra la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo género “porque legaliza la unión entre un hombre y un animal”.
Ese mismo magistrado que ha sido designado ponente para pronunciarse sobre el recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la multa impuesta por haber efectuado “manifestaciones de contenido valorativo y electoralistas en el curso de actos institucionales”. Díaz Ayuso recurrió la multa que impuso la Junta Electoral. Un recurso que, ahora, curiosamente deberá sentenciar un magistrado que pertenece al Opus Dei, y que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial… a propuesta del PP.
Se ha llegado a decir que Juan Carlos Campo sigue siendo el ministro de Justicia “en la sombra” y se le atribuyen los errores en la ley del “solo sí es si” que están propiciando las rebajas de condena a violadores y pederastas. Algo que es del todo falso. Campo, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, no goza de buen predicamento entre los socios de gobierno, de Unidas Podemos. El ministerio de Irene Montero no dejaría que el exministro “meta la cuchara” en un asunto que considera de su exclusiva competencia. Además, en Podemos, a Campo se le considera el responsable de que, al final, Moncloa no se haya decantado por Victoria Rosell como candidata al Constitucional. De ahí que el partido morado haya criticado esta designación.
Laura Díez, hasta hace poco fue directora de Asuntos Constitucionales y, actualmente, es vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament de Catalunya. Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y, entre 2002 y 2004, asesora de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Autonomía. La derecha la acusa de estar cercana al independentismo y de haber sido la inspiradora de los artículos del Estatut que fueron declarados inconstitucionales, lo que generó el malestar social que desembocó en el Procès. Y argumenta que su presencia en el Constitucional servirá de contrapeso a la actitud beligerante que ha venido manteniendo la Institución en contra de los independentistas catalanes.
Acusaciones éstas sin fundamento alguno. En el ámbito judicial, Laura Díez es considerada como una autoridad en materia constitucional, que siempre ha hecho una ponderación equilibrada de la Carta Magna y ha sido una de sus mayores defensoras en Catalunya, tanto a nivel docente como ante la ciudadanía. Tal vez sea por esto por lo que los conservadores no han cargado demasiado las tintas contra ella al oponerse a los nombramientos.
La derecha de este país no puede poner el grito en el cielo cuando, por pura estrategia política, aunque digan lo contrario, tienen bloqueada a la justicia. Primero negándose a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, actuando inconstitucionalmente, y luego provocando que los vocales conservadores de este organismo, que actúa en funciones, se dediquen a boicotear la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde argumentando que uno de ellos, el que tradicionalmente corresponde designar al sector progresista, es “próximo al PSOE”. José Manuel Bandrés es juez del Tribunal Supremo. Esa instancia que controlan los conservadores. Y si no que se analice la personalidad jurídica del presidente de la sala de Lo Penal, Manuel Marchena, ese que ha permitido en la sentencia del “Caso Arandina” manifestar que “se les habría impuesto una pena mayor a los condenados de no haber sido por la ley del solo si es si”.
Este tipo de apreciaciones en sentencias judiciales sí que politizan la justicia.
