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Justicia opta por contratos privados antes que cubrir la plazas públicas para intérpretes y traductores

La decisión lleva a que los profesionales estén peor pagados y más explotados

María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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El Ministerio de Justicia no cubre las plazas públicas de intérpretes y traductores en los juzgados y tribunales mientras contrata a empresas privadas para realizar este trabajo, según denuncia CCOO.

El BOE de 10 de noviembre de 2020 recoge el anuncio de la adjudicación a las empresas Seprotec y Ofilingua, de  los servicios de ‘Interpretación y traducción’ en los órganos judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. A juicio de CCOO, “es un claro intento de entregar el servicio a empresas privadas”. Desde el sindicato lamentan que los intereses de estas empresas “no son la defensa del servicio público y el acceso en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía a la Administración de Justicia, sino el beneficio económico inmediato, para lo que se han destinado 2.762.580 euros de dinero público”.

En este tipo contrataciones por empresas externas a la Administración de Justicia, no se exige en los pliegos de condiciones ningún control sobre el personal que realizará dicho trabajo -si tienen la titulación necesaria o la cualificación profesional-, dejando la selección de personal a la decisión unilateral de esas empresas, que potencian la discrecionalidad frente al mérito y la capacidad.

CCOO resalta que la traducción y la interpretación son, en el marco del procedimiento penal, un elemento esencial para que las personas acusadas de un delito puedan ejercer su derecho fundamental de defensa.

Para el sindicato no es tolerable la utilización de traductores externos, entre otras cosas, porque existen plazas vacantes en las Relaciones de Puestos de Trabajo, que la Administración se niega a cubrir por los sistemas de provisión previstos en el Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado.

Contradicción

Desde el sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, queremos poner de manifiesto la enorme contradicción por el hecho de que se privaticen servicios públicos que están prestando los traductores e intérpretes de la Administración de Justicia y se recurra a la subcontratación de empresas externas, cuando existen decenas de plazas vacantes que no se cubren de manera intencionada por Función Pública y el Ministerio de Justicia.

Esta contratación externa afecta a todas las comunidades con las competencias no transferidas del ámbito del Ministerio de Justicia (Gerencia Territorial de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia) y a las ciudades de Ceuta y Melilla: en Burgos, 3 plazas (1 de rumano, 1 de árabes-francés y 1 de árabe); en Segovia, 1 de árabe-francés; en Ciudad Real 1 de árabe-francés; en Guadalajara 1 de árabe- francés; en Madrid, en la Audiencia Nacional, 3 de euskera, 1 de alemán, 1 de árabe, 1 de portugués; en Murcia 1 de árabe-francés; en Melilla 3 de árabe-francés; en Ceuta 1 de árabe francés, y en León 1 de árabe-francés.

El sindicato reconoce  que existe un severo déficit de traductores-intérpretes es en la Gerencia Territorial de Baleares, que no tiene cubiertas ni el 50% de las nueve plazas de plantilla, con las siguientes vacantes: en Palma de Mallorca, 1 de traductor de alemán-inglés; 1 en Menorca, de alemán-inglés; y, en Ibiza, 3 de alemán-inglés.

CCOO exige que se cubran en primer lugar las plazas vacantes y se convoquen en ofertas de Empleo Público (OEP) las plazas imprescindibles para atender las necesidades de traducción que solicitan los distintos órganos judiciales, ya que la cobertura de estos puestos de trabajo por empleados públicos es la forma para que se pueda atender con calidad a la ciudadanía.

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