El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia y decide habilitar tres semanas en el mes de agosto. Justicia no cede a la presión de la abogacía que tildaba de “ineficaz” tal extremo.
El Ministerio de Justicia afirma que el texto nace del diálogo constante mantenido con todas las administraciones y colectivos con intervención en la Justicia, aunque la abogacía, y varias asociaciones de jueces y fiscales, se han declarado en contra de algunas de las medidas hoy aprobadas.
Según un comunicado del Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso Diario16, la norma, tiene como principal prioridad la salud de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y el resto de funcionarios y profesionales que desarrollan su labor en este ámbito y tendrá una aplicación de tres meses a partir del fin del estado de alarma.
Además, el Real Decreto Ley pretende hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo provocado por las medidas excepcionales de contención de la pandemia.
La norma atiende a cinco bloques que están relacionados con la seguridad en el trabajo; otro sobre la recuperación de la actividad judicial, un tercer bloque sobre la transformación digital, un cuarto de medidas procesales y el último que se refiere a medidas para hacer frente al incremento de procesos concursales.
