La ley prohíbe taxativamente que se pague con fondos públicos cualquier tipo de actividad privada no contratada previamente con el Estado mediante los pertinentes concursos oficiales de adjudicación. Sin embargo, en los últimos días se ha sabido que el Gobierno de Mariano Rajoy pudo haber destinado dinero de todos los españoles a sufragar los gastos de defensa de algunos implicados en la trama Gürtel. No hace falta decir que estamos ante hechos de una gravedad extrema. Por decirlo rápido, los españoles no solo fueron estafados y saqueados en sus bolsillos por una red organizada de tintes mafiosos, sino que finalmente han sido ellos, los contribuyentes, el pueblo, quien le ha pagado los abogados, procuradores y las costas del proceso a los ladrones de guante blanco.

Hoy la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha confirmado que se ha abierto una investigación al respecto para averiguar si este hecho se produjo. De ser así, alguien en el ministerio pudo haber cometido delitos de malversación de caudales públicos. Las sospechas, según Europa Press, se dirigen contra Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama, y “varias empresas implicadas en la red de corrupción, durante la etapa del ministro popular Rafael Catalá, que aunque dejó la política todavía es miembro del actual Comité Ejecutivo del PP”.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, Delgado ha explicado que su departamento ha iniciado una investigación sobre este asunto y que, en concreto, están recopilando documentación para completar un expediente al que le faltan datos.

Delgado ha confirmado la información publicada por El País según la cual, con Catalá en el ministerio, se realizaron pagos a sociedades mercantiles con cargo al erario público “en virtud de la justicia gratuita” a quienes no tenían reconocido ese derecho, como es el caso de Correa, o incluso a quienes lo tenían expresamente denegado.

En concreto, el periódico madrileño informa de que Justicia abonó cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como Correa; el exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en la Gürtel y lo hizo a través de mecanismos de asistencia jurídica gratuita.

Y eso que no tenían reconocido legalmente ese derecho porque, según ha apostillado la titular de Justicia, la Ley de Justicia Gratuita no prevé el pago a sociedades mercantiles, sino sólo a fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Pero “no les puedo decir nada más que estamos investigando dentro del ministerio qué ha ocurrido”, ha zanjado la titular del departamento.

Hasta el momento se han dictado cuatro sentencias contra la trama, un asunto por el que Correa suma casi 77 años de prisión. Un proceso largo y tedioso lleno de fuertes gastos en los juzgados y tribunales. En concreto, el pasado mes de mayo la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenaba a 6 años y 9 meses de cárcel al líder de la trama Gürtel por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho activo continuado y falsedad documental por la adjudicación irregular de contratos de la empresa pública a las sociedades de la trama entre los años 2000 y 2002. ¿Quién pagó los abogados de aquel a quien todos conocían como Don Vito? ¿Acaso no habían amasado todos los implicados una fortuna suficiente como para no tener que acogerse al derecho a la justicia gratuita? Los españoles tienen derecho no solo a que se abra una investigación por este turbio asunto, sino a que sea el propio ministerio, de oficio, quien lleve el caso a la Fiscalía. Aún no sabemos cuánto dinero de los ciudadanos españoles se ha estado desviando para estas actividades judiciales. Pero una vez que se sumen las cantidades satisfechas a abogados y procuradores, un nuevo escándalo estará servido.

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