El sumario que investiga la manifestación feminista del 8M y su posible incidencia en la propagación del coronavirus en España va camino de convertirse en un capítulo más en la preocupante y triste historia de degradación que está sufriendo la Administración de Justicia española en los últimos tiempos. Han sido demasiados años de judicialización de la política, de cloacas policiales, de vendettas entre partidos, de informes falsos y pruebas manipuladas para crear realidades jurídicas ficticias, alternativas, paralelas. Hoy el descrédito es absoluto y cada vez más ciudadanos opinan que la Justicia no es ni imparcial ni independiente, ni siquiera justa. Se ha instalado la peligrosa idea de que las resoluciones y sentencias están condicionadas por la ideología del juez que las redacta y firma; por la afinidad del fiscal que impulsa la investigación con el partido en el poder; o por el color del órgano superior que resuelve los últimos recursos. No hay más que echar un vistazo a las encuestas sociológicas para comprobar cómo la confianza de los ciudadanos en sus jueces y magistrados se ha erosionado de una forma alarmante.

Así, proliferan las querellas interpuestas por el partido político de turno contra su rival; abundan las demandas de misteriosas y desconocidas asociaciones financiadas por grupos aún más siniestros; se multiplican acciones por cuestiones que deberían dirimirse en sede parlamentaria, nunca judicial. La Justicia se ha terminado convirtiendo en el estercolero para el detritus de los escándalos que genera la clase política, mayormente los fabricados por la derecha clásica (PP) y la extrema derecha (Vox), siempre empeñados en acabar con Pedro Sánchez a golpe de pleito. Nos sorprenderíamos si pudiéramos contabilizar la cantidad de querellas y denuncias de carácter político que han llegado a los tribunales de Justicia en los últimos años, con el consiguiente gasto en papel y saturación de un servicio público esencial en el funcionamiento de la democracia. La mayoría de ellas se archivan o no se admiten a trámite por ser simples marcianadas sin fundamento; otras prosperan. Pero en general todas suponen un fracaso de la política y demuestran la inutilidad de nuestros representantes públicos a la hora de ponerse de acuerdo en la resolución de los problemas del país. Aquella magnífica frase de Groucho Marx (“la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”) está más vigente que nunca por influjo de unos servidores de la patria que traicionan al pueblo que los elige, ya que en lugar de ponerse a trabajar para mejorar la vida de la gente terminan dándose a un juego enloquecido y estéril de togas, picapleitos, sumarios de ciencia ficción, dosieres a la carta y artículos del Código Penal metidos con calzador. Por supuesto, la responsabilidad de ese absurdo Monopoly judicial, de esa diversión que termina convirtiéndose en una lamentable pérdida de tiempo, corresponde tanto a los políticos que promueven las querellas-show como a los jueces que caen en la trampa de admitirlas a trámite.

Lamentablemente, todo ello nos lleva a la constatación de que la política se ha convertido en un puro espectáculo donde los intereses de los ciudadanos importan más bien poco y donde se acaba imponiendo el titular grosero en la web amiga que puede arañar unos cuantos votos. Ya lo estamos viendo cada semana en esas sesiones de control al Gobierno que terminan convirtiéndose en refriegas tabernarias o en esas inútiles comisiones parlamentarias que acaban entre insultos y despechos, o sea como el rosario de la aurora. La última, bautizada con el rimbombante nombre de Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, no deja de ser una curiosa paradoja, ya que más bien parece que allí se reúnan para precisamente todo lo contrario: terminar de destruir el país.

Todas las luces rojas han saltado ya en la Administración de Justicia. Los juzgados se han convertido en el cuadrilátero perfecto donde se le pasa la patata caliente al juez o jueza de instrucción que corresponda para que resuelva lo que los políticos, por incapacidad o ineptitud, no saben o no quieren arreglar. Y en esa dinámica diabólica para la democracia, sin duda son las derechas las que más se han especializado en el vicio y la mala costumbre de querellarse hasta por el vuelo de una mosca. PP y Vox se pasan el día en los tribunales y con tanto afán por judicializarlo todo, por dar rienda suelta a la caza de brujas, no extraña que no tengan tiempo para proponer soluciones efectivas en la lucha contra la pandemia de coronavirus que arrasa España. Sería redundante hablar aquí de lo que supuso el juicio al procés de Cataluña. Con recordar que un partido de extrema derecha formaba parte de la acusación particular, a modo de inquisidor general y defensor de la unidad nacional, está todo dicho. Lo cual que hemos pasado del Estado de Derecho al Estado de Derechas.

Ahora nos amenazan con un sumario fake, el instruido por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, cuyo único y principal objetivo es abrir una causa general contra el feminismo como chivo expiatorio y gran culpable de la epidemia. Y si de paso cae un Gobierno legítimamente salido de las urnas, negocio redondo. El montaje está servido y el espectáculo de los informes manipulados, tanto de los forenses como de la Guardia Civil, solo puede ser calificado de grotesco. Alguien se ha empeñado en demostrar que la pandemia fue propagada por una horda de brujas locas feministas auspiciadas por el Gobierno “criminal” socialcomunista bolivariano y no parará hasta conseguir que la tesis se materialice, se haga real. Cualquier día el abogado Ortega Smith solicita la declaración como testigo del bicho de Wuhan (para que confirme que las tóxicas feminazis contagian más y mejor) y la jueza se lo admite a trámite, previo oportuno informe tendencioso de algún hospital privado de Isabel Díaz-Ayuso.

El expediente judicial del 8M, bien aderezado por la prensa amarilla de la caverna, va camino de superar en grado de esperpento nacional al que ya montaron en su día con el 11M, cuando todo aquello de la Orquesta Mondragón, el bulo del Titadine y los terroristas que según Aznar no estaban “ni en montañas lejanas ni en desiertos remotos”, aunque por lo visto sí andaban por aquí cerca, según sentenciaron los jueces y pese a los ríos de tinta que dieron pábulo a la teoría de la fatal conspiración con grave daño psicológico para las víctimas de los atentados. Hoy son otros los inocentes damnificados por el montaje: los miles de enfermos y familiares de fallecidos a causa del covid-19 utilizados como personajes secundarios de la macabra función. Así que tomen asiento, señores espectadores, compren palomitas y dispónganse a presenciar una nueva serie de ficción rodada en la factoría Netflix de la Justicia española. Ese equipo de brillantes guionistas que cuando se ponen a escribir se merecen que les den el Goya.  

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1 Comentario

  1. Sr.Jose muy buen art. Clarificador pregunta el zorro plateado que lleva dos años caducados si tan español español es por que no se marcha ha su casa y deja nombrar nuevos jueces NO SE DA CUENTA DEL DAÑO QUE LE HACE A LA JUSTICIA DE PENA menudo justiciable .pregunto no hay ningún art. del código penal para aplicarle ( prevaricación) viva la republica

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