Quiero que observen el gráfico que acompaña a este artículo. Es la tabla con que el Eurobarómetro mide la valoración de la independencia Judicial, según le cuentan los empresarios y los ciudadanos de cada país.
De los 29 países que conforman la Unión, en el año 2019, España, que recordemos es la cuarta economía de la Eurozona, retrata a muestro poder judicial colocándolo en el puesto 23, empatados con Portugal, aunque los lusos nos superan en algunos aspectos cruciales y sólo seguidos de Polonia, Eslovenia, con menos habitantes que la ciudad de Madrid, Eslovaquia, Hungría -que junto con Polonia están en manos de gobiernos neofascistas- y Croacia, que hasta hace nada, estuvo en guerra.
Y eso es de lo que nos quejamos los juristas. Nunca habrá palabras bastantes para agradecer a los sanitarios que nos salvaran del embate del coronavirus. Pero esto, reconozcámoslo, ha sido a base de sacrificio personal. Sólo hay que ver la cantidad de sanitarios y cuidadores que han llenado y llenan aún las camas de nuestros hospitales.
Pero, desgraciadamente, esta actitud no es la misma en el mundo del resto de la Administración, y sobre todo de la Justicia.
Estamos delante del gran fracaso colectivo como estado. Si no nos creemos que la Justicia es algo importante, que es un servicio público imprescindible para remontar la crisis, ésta acaba siendo un capítulo más del BOE. Tendremos y tenemos leyes muy resultonas, pero eso de “servicio público” cada vez tiene menos la pobre Justicia. Posiblemente escándalos como el de las sentencias del IRPH o de los afectados por todos los timos bancarios, nunca hubieran sucedido en un país con una justicia seria y unos jueces independientes.
Si no hay dinero, si tampoco hay transparencia, y si además hay pocas ganas de implicarse, estamos delante de juegos florales. La emergencia jurídica ha empezado ahora, y por lo que se ve, al estado le importa un comino y a los que se dicen administradores del poder judicial, menos. Ni un duro extra para paliar los efectos sociales del coronavirus que van desde más divorcios a empresas que cierran o trabajadores despedidos. Por otro lado, El Presidente del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, sólo sale de su casa para colocar en los altos puestos judiciales del Supremo y Constitucional a sus amigos, en vez de arremangarse e invertir en trajinar y resolver expedientes a fin de que la justicia sea más rápida y próxima al ciudadano.
Para dar al lector una comparación circense. Nuestro ministro, y la cohorte que le acompaña, con la normativa publicada, han efectuado un triple salto mortal con tirabuzón para caer, eso sí, en el mismo lugar desde donde empezó.
Pero quien no se consuela, es porque no quiere, el CGPJ la hecho una voltereta en el aire, para caer tres metros más atrás de donde estaba.
De avanzar, nada. Lamentable, es poco.
