El Ministerio de Justicia, por mediación del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ha suscrito con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en representación del Ministerio de Igualdad, un convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones en materia de prevención, sensibilización y formación en violencia contra las mujeres a través de la formación de operadores jurídicos.
Según este acuerdo, el CEJ colaborará con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para definir y desarrollar la estrategia de formación en materia de prevención, detección y tratamiento de la violencia contra las mujeres que se impartirá a los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, en este centro dependiente del Ministerio que dirige Pilar Llop.
Asimismo, el CEJ dará difusión a las campañas del Ministerio de Igualdad enfocadas en este objetivo que se encuentren directamente relacionadas con los ámbitos de actuación de estos profesionales y divulgará, a través de sus canales, los recursos, medios y programas específicos de atención, así como los protocolos de actuación y coordinación existentes en materia de violencia de género que resulten necesarios para la mejora de las intervenciones de estos operadores jurídicos.
Para la ministra de Justicia, Pilar Llop, este convenio “es una herramienta clave para lograr profundizar en la formación en igualdad y en la lucha contra la violencia de género, hacerla de largo recorrido y poder evaluar el impacto de las acciones formativas”. Además, según Llop, la iniciativa demuestra que la respuesta de este Gobierno frente a la violencia de género es “unánime y unitaria”.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, destaca este convenio como “una de las medidas esenciales que se han impulsado a través del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género”. De esta forma, “damos un paso más en la puesta en marcha de acciones conjuntas que contribuyan a la mejora de la sensibilización, prevención, concienciación y detección de la violencia contra las mujeres también el ámbito jurídico”.
El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, aunque se podrá prorrogar por acuerdo de las partes, por periodos anuales, durante un máximo de cuatro ejercicios adicionales.
