Sabíamos por Platón que la justicia es la conveniencia del más fuerte. Intuimos, andando el tiempo, un divorcio entre normas y sentencias. Lo pronosticó Alonso de la Torre: “No está la justicia en las palabras de la ley”. En el siglo XXI la justicia española es lenta, lejana y muy farragosa de leer o comprender por el lego. Además, representa para muchos lo que Larra plasmó del burócrata: “Vuelva usted mañana”. No sabemos, de paso, si es tan “cachondeo” como repitiera Pedro Pacheco, quien –por cierto–vive entre rejas tras ‘enchufar’ solamente a conmilitones. No robó nada para él.

Lo clamoroso, lo que sí causa alarma social, es la justicia patria. Desde que Mariano Rajoy remata una faena de sus antecesores en Moncloa. Un Estado democrático europeo que decide, desde trueques parlamentarios, cuotas del CGPJ, pacta magistrados al Tribunal Supremo, de Cuentas, Constitucional, Audiencia Nacional o TSJ bloqueando al jurisconsulto en favor del afín al gobierno de turno o del partido tiene un problema estructural. El supuesto poder judicial lo decide el legislativo tras postularlo el ejecutivo. España, desde 1978, remata a Montesquieu. Especialmente cuando alguien proclama una justicia ‘independiente’ en su cúpula.

Hagamos algo de historia. El inolvidable Manuel García-Pelayo Alonso (1909-1991) presidió el primer Tribunal Constitucional español en 1980. Su voto de calidad avaló la expropiación de Rumasa en 1986, tras lo que dimitió irrevocablemente. Asqueado, retornó a su exilio venezolano por las presiones que propiciaron su cualificado voto. El bipartidismo PSOE-PP jamás reivindicó su figura, su talla moral e integridad. Y así nos va.

Tras morir Franco en 1975 tanto Suárez como Calvo-Sotelo y Felipe González encontraron a jueces y fiscales criados en la dictadura. El ‘cambio’ que abanderó el sevillano contempló para la justicia ‘demócratas’ con puñetas para equilibrar a los más ultras. Creó un acceso directo para profesionales ‘de reconocido prestigio’ que evitaban duras oposiciones. Esa realidad traicionó las nobles intenciones de González.

El ‘turno’ que nombró a incontables magistrados en la primera época felipista se colmató de abogados fracasados, jurídicos militares, burócratas hastiados y hasta juzgadores que no completaron licenciatura en Derecho. Es decir, la magistratura se ‘equilibró’ con una tropa que, décadas después, se filtró más selectiva después de aquel fiasco. El Ministerio Público, mientras, estaba a lo suyo. A decir sí a los sucesivos inquilinos de Moncloa gracias a fiscales generales afines al Gobierno, no al Estado de derecho. La defensa de la legalidad no sirve para trepar por los escalafones.

Debe decirse con énfasis. La incorporación de una mayoría mujeres, desde finales de los ochenta, a la fiscalía, magistratura y secretaría judicial (ahora Letrados de la Administración de Justicia-LAJ) tras superar duras oposiciones oxigenó la profesionalidad judicial y elevó la excelencia de nuestros juzgadores, fedatarios y acusadores públicos. Un 64% de mujeres son juezas, magistradas, LAJ y fiscales hasta 50 años según el CGPJ. Sin embargo, entre 51 y los 72 años, un 61% son hombres: ¿Hasta cuándo?

El supuesto poder judicial lo decide el legislativo tras postularlo el ejecutivo. España, desde 1978, remata a Montesquieu

Más alto debe pronunciarse que la justicia contenciosa, social, mercantil, civil, penal y salas de audiencia cumplen con mayúsculas con sus deberes gracias, en gran parte, al mayoritario talento femenino, su capacidad de síntesis, visión preclara y reflejos ante el justiciable. El corporativismo que llena la cúpula judicial de hombres ya tiene competidoras que exigen puestos, no cuotas. Las últimas promociones empujan en tal sentido.

Los ejecutivos de Aznar y Rajoy heredaron al peor felipismo corrupto que nombró, por ejemplo, a Eligio Hernández Fiscal General o engañó ad nauseam a jueces y fiscales con el GAL, fondos reservados o sobornos generalizados para contratar con lo público. La justicia que ve el ciudadano en el siglo XXI se aleja de sus entendederas: es lentísima, no aborda fondos en conflictos y carece de medios aunque el contribuyente paga por ello.

La omnipresente corrupción que propiciaron los ‘aparatos’ de partidos políticos estatales y nacionalistas los han unido, a políticos con cargo, para luchar contra una justicia tenaz. La usan para criminalizar el debate y al opositor o bien oculta cloacas corruptas donde corren fajos o se olvidan maletines. El triste resultado está en los daños colaterales de esa guerra.

La brecha más sutil es desnaturalizar con traslados, acosos, carencias presupuestarias, ninguneos y negativas a excelentes profesionales del Banco de España, Hacienda, Policía, Guardia Civil, Mossos o Ertzaintza, que investigan el fraude fiscal y financiero, economía sumergida, blanqueo de capitales, etc… La desmotivación de plantillas y equipos aparca a muchos en negocios propios, los fichan quienes antes eran su objetivo, se prejubilan años antes que los demás trabajadores o se acomodan en destinos sin presiones que estresan la exigible neutralidad funcionarial.

Otro misil de políticos a togados alcanza, indirectamente, a los más listos del lugar. Incompatibles excedencias de jueces, fiscales y LAJ hastiados les hacen ganar mucho más en despachos propios o fichados por macro-bufetes que sólo defienden a poderosos y tramposos. A los excedentes, además, si tienen frío en la privada retornan a la nómina oficial y aquí no pasa nada, rememorando a Dario Fo. Esto siempre pasó, pero las puertas giratorias ahora enriquecen el ‘negocio’ de la justicia. Que se lo digan al ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón o al Fiscal General Eduardo Torres-Dulce y tantos otros que, antes de jubilarse, hacen ‘fortuna’ tras abandonar el cargo con altas nóminas en consultoras, bufetes de lustre o consejos societarios.

El panorama judicial español, además, tiene desmotivados a sus escalas inferiores, pues carece de mandos intermedios. Con sueldos ínfimos, trabajo titánico y viviendo entre legajos del sufrido papel o CD, estos servidores son testigos impotentes que ven precipicios hacia los que va la justicia patria. No es culpa de estos dignos trabajadores la galopante conflictividad y artificiosidad del pleito o denuncias. Ellos sólo tramitan.

El hartazgo y lentitud que muchos perciben de la justicia hace que prosperen las vías de mediación, arbitraje y conciliación, especialmente útiles y ágiles en conflictos civiles, sociales y mercantiles. La vía contenciosa choca contra la presunción de veracidad del funcionario que juzgan empleados públicos. Entre bomberos no se pisan las mangueras…

Así las cosas, CGPJ, Fiscalía y Ministerio de Justicia no podrán evitar la convocada huelga de juzgadores y acusadores públicos que puede paralizar órganos ya casi al borde del colapso. Algo que se ve venir es la creciente impunidad delictiva pues muchas ejecutorias en asuntos penales se dilatan y prescriben las condenas. En la jurisdicción contenciosa se tardan años en obtener sentencia de instancia por el cúmulo existente de asuntos. La gravedad del asunto amenaza empleos, inversiones, amortizaciones crediticias y liquidez de empresarios, autónomos y particulares que pleitean contra la administración pública por acuerdos que consideran injustos.

La jurisdicción social repite derroteros. Despidos que antes se sentenciaban a las semanas de notificarse, ahora dilatan años en dilucidarse. Igual que con empresas en concurso, liquidación o quiebra en los juzgados mercantiles. Trabajadores, acreedores, clientes o bancos tardan años en retornar lo suyo, cuando no pierden miles, millones de euros, en inexplicables quitas mientras los liquidadores judiciales hacen caja.

Qué decir de la lentitud con la que decide nuestra justicia asuntos de familia, menores, incapacidades, etc… Todo ello contrasta con la rapidez e inmediatez con que se ventilan asuntos de violencia de género, viales, alcoholemias y delitos menores. La velocidad de juicios rápidos avala condenas pero multiplica indefensiones. La pauta es “esto es lo que hay”.

El binomio profesionalidad-caos que se ha instalado en el mundo judicial español tiene que ver con la voluntad de políticos en no actualizar una justicia que se guiaba, hasta la llegada de Lexnet, videoconferencias y formatos digitales, con usos y normas decimonónicas. Además, se conduce con jurisprudencia contradictoria y normas inaplicables. La consecuencia son dilaciones, réplicas mil y sobrecostes para el Estado, las autonomías que tienen transferidas competencias en la materia y los justiciables. Entre los afectados encontramos también a abogados de oficio (alma de ‘justicia gratuita’), peritos y traductores. Cobran poco y muy tarde sus honorarios. Sólo remedian su espera con paciencia y espíritu de servicio al bien común.

Como ocurre con la educación y la sanidad españolas, el Estado del bienestar asiste a su desmantelamiento con una justicia que no –repetimos– devalúan sus excelentes profesionales. Atraviesa horas bajas porque, deliberadamente, se acotan campos con burocracia innecesaria en tiempo de internet y tics, carencias presupuestarias e infradotación de medios humanos y técnicos. Intuimos un interés de las cúpulas sociales para que la cosa vaya a peor en cuanto a condenas y ejecutorias que enturbian a la cara ‘b’ del poder. Lo que debe ser un servicio público que reparte equidad y ampara al ciudadano se percibe como cortijo de élites que acabarán dando la razón al mismísimo Platón. El disparate que percibimos ante determinadas sentencias, absoluciones y retrasos que regalan prescripciones genera lógica desconfianza colectiva. En especial a los que creemos en quien regula convivencia, derechos, obligaciones y libertades.

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