Justicia a la carta para el PP

Cuando el otro día afirmaba el presidente del gobierno Mariano Rajoy, que la corrupción es algo del pasado, imagino que más de uno se echaría a reír a carcajadas porque no es que sea así, sino que, además, está en el presente y, lo peor, también estará en el futuro. A las pruebas me remito.

El Partido Popular, que acapara casi toda la corrupción nacional, le ha hecho un mal tremendo a nuestra democracia al no querer a asumir, en su momento, las responsabilidades políticas de la misma forma que se hace en países de nuestro entorno que, en cuanto surgen causas de menor calado las de dirigentes del PP investigados, inmediatamente, y sin que nadie les diga nada, los políticos europeos presentan su dimisión y se termina el debate. Seguramente, la figura del aforamiento, unido a que el PP cuando ha gobernado con anterioridad lo ha hecho con mayoría absoluta y, por supuesto, a la gran corrupción que ha existido estos años de pujanza inmobiliaria, que ha llegado a escandalizar a la ciudadanía de bien, nos han llevado a una situación de esquizofrenia, en la que este grave problema se quiere arreglar con normas, cuando es algo de sentido común y éste, que yo sepa, no admite regulación.

El caso del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está llegando a alcanzar categoría de esperpento. Investigado por la pieza separada murciana del Caso Púnica, con el aval de las dos fiscalas competentes, se escapó por la gatera al intervenir directamente el Fiscal General del Estado para desdecir a las dos fiscalas e imponer su criterio de no investigar al presidente que, por si fuera poco, fue informado a través de una filtración que apunta en la dirección de que el autor del soplo fue el mismísimo ministro de justicia. ¡Menudo papelón! Menos mal que, unos días después, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, dictó un auto de procedimiento abreviado para sentar en el banquillo al resto de investigados excluyendo, como el lógico, a los dos aforados: el presidente de Murcia, que es competencia del Tribunal Superior de Justicia, y la senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, cuyo juzgado competente es el Supremo. Zasca del juez Velasco al Fiscal General del estado.

Pero no queda aquí el tema: el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le ha llamado como investigado en el “Caso Auditorio”, que como el nombre indica, se debe a un auditorio construido en Puerto Lumbreras, municipio del que fue alcalde hace unos años, por el que se pagaron 6 millones de euros, pero el edificio está claramente sin terminar, y no son simples detalles los que faltan sino muchas cosas, demasiadas.

Pues bien, para acceder a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, firmó un documento con Ciudadanos por el que, a cambio del apoyo a su investidura, se comprometía a dejar la presidencia si era llamado a declarar como investigado; más aún, la reciente Ley de Transparencia de la Comunidad aprobada durante su mandato establece que todo investigado deberá dimitir; y por si faltaba poco, las hemerotecas y videotecas recogen sus declaraciones admitiendo su compromiso de dimisión. Pero Pedro Antonio, con el apoyo de su partido empezando por Rajoy, ahí sigue: mareando la perdiz. Y eso que Ciudadanos le ha dicho al PP que proponga otro candidato que le apoyarán. ¡Qué más quiere el PP! Puedo asegurar que el tal Pedro Antonio no es una lumbrera: como él los hay a montones.

Ante tanto despropósito uno se pregunta, ¿tendrá otro soplo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el que se le diga que va a quedar libre después de su primera declaración? Todo es posible en la Justicia Murciana, demasiado condescendiente con la corrupción y que, como colofón, es más que probable que el Fiscal Jefe, López Bernal, que es el único que la ha perseguido sea trasladado a otro destino.

¿Quién velará entonces por los murcianos ante la corrupción?