Meritxel Budó achaca que la imputación de Laura Borràs es fruto de la represión política. Foto: Flickr

El ultimátum de Esquerra Republicana a JuntsxCat acababa este fin de semana. Concretamente el día 1 de mayo, pero la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, se mostraba desafiante en una entrevista concedida ayer a RTVE Catalunya al defender que “el ultimátum lo marca la ley y es el 26 de mayo”. Budó se mostró partidaria de un acuerdo de legislatura y no tanto de un pacto de investidura. Respondiendo así a la puerta que abrió Pere Aragonès al insinuar la posibilidad de que Junts no entrase en el Gobierno. “JuntsxCat es una formación política con vocación de gobierno… Por lo tanto, creo que tenemos que formar parte del ejecutivo en la próxima legislatura”, reivindicó la portavoz.

Amnistía y Autodeterminación

La ley de amnistía y poder ejercer el derecho a la autodeterminación son aspectos que la formación liderada por Carles Puigdemont y Jordi Sánchez quieren llevar a la mesa de diálogo. “Se tiene que hablar de todo, pero sobre todo se tiene que hablar de aquello que ha generado el conflicto político entre Cataluña y el Estado”, afirmaba la portavoz del Gobierno catalán. Budó defendía que la Mesa de diálogo debe estar para tratar esos temas y que para otros asuntos más “sectoriales” existían otros canales como la comisión bilateral entre Cataluña y Estado. La portavoz quitaba importancia al papel de Puigdemont en las negociaciones para formar gobierno, pero resaltaba su papel en la defensa de los derechos de Cataluña en el ámbito internacional.

Levantar el toque de queda

Cataluña dará un salto hacia una nueva legalidad, como el resto de Comunidades Autónomas, el próximo 9 de mayo, momento en el que se levantará el estado de alarma. La portavoz del Govern recordaba en RTVE que desde la Generalitat no se aplicarán restricciones si no son “estrictamente necesarias”. Planteándose, de este modo, el levantamiento del toque de queda “si los indicadores continúan estables o mejorando”. Budó señalaba como desde el Gobierno de la Generalitat se modificó la Ley de Salud Pública de Cataluña para confinar la zona del Baix Ebre en julio de 2020. “En estos momentos estamos trabajando un texto normativo que nos permita decretar otro tipo de medidas siempre bajo el amparo judicial”, continuaba Budó. Esta próxima semana los colectivos de riesgo alcanzan un porcentaje de vacunación que permite a la Generalitat afrontar con optimismo la toma de mayor responsabilidad para la gestión de la pandemia.

Criterios epidemiológicos

Los servicios jurídicos de la Generalitat están trabajando con el Tribunal Superior de Justicia la elaboración del decreto que permitirá a Cataluña aplicar medidas restrictivas que no supongan ningún desacuerdo legal con el Estado. Budó exigía al Gobierno central que si se levanta el estado de alarma sea siguiendo “criterios epidemiológicos” y no electorales. Una preocupación que no parecía demostrar su formación, JuntsxCat, cuando votaba en el congreso contra la prórroga del estado de alarma propuesta por el Gobierno de coalición.

Un problema con el censo

La portavoz respondía a la polémica suscitada por el retraso en la vacunación de los cuerpos de seguridad dependientes del estado. Un

Hecho que ha acabado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a equiparar los niveles de vacunación de Guardia Civil y Policía Nacional con los de los Mossos d’Esquadra. Budó aseguraba que se trató de un problema con el censo, debido a que no disponían de los datos de los cuerpos de seguridad estatales. La periodista Gemma Nierga leyó ante Budó el documento que marcaba las directrices de vacunación y allí no aparecían ni Policía ni Guardia Civil. Lo que levanta la sospecha de que se trataba de algo más que del censo. Budó acusó también al parón de la vacunación con AstraZeneca de la lentitud en la vacunación del personal esencial.

Neoliberales

La administración de los fondos europeos revela el ideario neoliberal y nacionalista en la agenda de Junts. Budó aludía a que si el “‘reparto se hace por criterio de competitividad, con mucha probabilidad Cataluña se llevaría más fondos que si se hiciese por criterios únicamente poblacionales”. La portavoz defendió también la teoría de que la imputación de la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, es fruto de la represión política. Budó criticó a la CUP por anunciar que votará en contra de la ley que Junts pretende tirar adelante y que permitiría a Borràs continuar con sus funciones políticas aun cuando le sea abierto juicio oral. La presidenta del Parlament irá a juicio por la supuesta adjudicación irregular de varios contratos a la empresa de un amigo mientras era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes.

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