El presidente andaluz, durante la única visita realizada a los enfermos con listeriosis ingresados en el Virgen del Rocío de Sevilla.

La nociva bacteria de la listeria circuló sin control desde al menos diciembre de 2018 entre los consumidores de buena parte de Andalucía y otras zonas de España que comieron la carne La Mechá, de la empresa sevillana Magrudis. Ni el Ayuntamiento de Sevilla, encargado del control sanitario de las empresas cárnicas de la ciudad, ni la Junta de Andalucía, como máxima responsable de la salud pública, articularon medidas preventivas y de control de ningún tipo para evitar que esta peligrosa cadena de consumo alimentario se propagara sin control, como así sucedió este verano pasado en el mayor brote de listeriosis registrado en España. El portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, considera “gravísimas” las responsabilidades de ambas administraciones.

Una escucha telefónica dos día después de la exclusiva de Diario16 confirmó que Magrudis sabía que tenía carne contaminada en febrero

Ayuntamiento de Sevilla y Consejería de Salud, después de una primera fase de intercambio de acusaciones mutuas durante la crisis alimentaria, han llegado a un sorprendente punto de entendimiento, y han centrado exclusivamente cualquier responsabilidad en la empresa Magrudis. De hecho, la Junta de Andalucía no ha formalizado su denuncia contra esta empresa cárnica hasta esta misma semana, como anunció el pasado martes el portavoz del ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, sólo una vez iniciada la operación de la Guardia Civil contra sus máximos responsables a instancias de la jueza instructora del caso.

El auto que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha emitido este jueves para enviar a prisión sin fianza a los dos máximos responsables de la empresa cárnica pasa de puntillas sobre la responsabilidad penal de las administraciones públicas. “El producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado”, apunta la jueza Ordóñez, quien añade que esto implica que los dueños de Magrudis, “si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido, eludiendo todas las obligaciones que le impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los requisitos biológicos pertinentes”.

En estos momentos, sólo el equipo jurídico de la asociación de consumidores Facua, que representa como acusación particular los intereses de una plataforma de 94 afectados por este brote por el momento, sigue estudiando la posible responsabilidad penal tanto de la Consejería de Salud como, sobre todo, del Ayuntamiento hispalense.

El vicepresidente andaluz y el consejero de Salud (PP) se reunieron con el alcalde de Sevilla y su concejal de Bienestar Social (PSOE) para aparcar las diferencias el pasado 5 de septiembre.

La defensa de los máximos responsables de Magrudis, ejercida por el abogado del Colegio de Granada Hilario Aranda, ha avanzado que existe una “culpa in vigilando” de las administraciones públicas. Estas “otras responsabilidades paralelas” de las administraciones públicas se deben, según la defensa de los dueños de Magrudis, a que el sistema vigente de autocontrol de este tipo de actividades es un mecanismo “carente de garantías”. La vigilancia en este caso de listeriosis se ha ejecutado tanto por la Junta como por el Ayuntamiento de Sevilla “de forma muy deficitaria”, según el abogado del gerente y el administrador único de Magrudis y augura que este problema “volverá a repetirse si el sistema no cambia”.

Un lote de carne mechada fabricado por la empresa sevillana en diciembre de 2018 es el mismo que dio positivo en febrero de 2019

El portavoz de Facua asegura que “los protocolos han fallado clarísimamente, y esto es muy grave”. Rubén Sánchez ha recordado el caso de numerosos afectados a los que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les ha negado la práctica de hemocultivos pese a evidenciar síntomas de listeriosis tras haber ingerido carne mechada de Magrudis. “Hay incluso afectados que en plena crisis del brote se les negó un hemocultivo en una estrategia inexplicable de ahorro de costes y para no colapsar las urgencias hospitalarias”, apunta Sánchez.

En este sentido, la instructora del caso no ha abierto por el momento ningún tipo de diligencias contra los máximos responsables del Servicio Andaluz de Salud de la Junta ni contra la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, pese a que desde el 28 de agosto pasado la asociación Justicia por la Sanidad, liderada por el médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman, interpuso una denuncia ante la fiscalía como posibles responsables del brote originado en la empresa Magrudis.

Un lote contaminado al menos tres meses en el mercado

El lote de carne mechada de La Mechá 812028, etiquetado por Magrudis el 20 de diciembre de 2018, es el mismo que el laboratorio Microal analizó el 18 de febrero de 2019 a petición de Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la empresa cárnica y en prisión sin fianza desde este jueves junto a su padre, acusados de delitos contra la salud pública, siete abortos y tres homicidios. Según consta en el auto de la jueza emitido este jueves, tanto el gerente de la empresa como su hijo y administrador único reconocieron que este análisis se solicita tras tener conocimiento de que ya se habían intoxicado algunas personas en Huelva como consecuencia de la ingesta de carne mechada de Magrudis.

A la espera de los resultados definitivos del Centro Nacional de Microbiología Carlos III, este lote es probablemente el mismo que consumió una mujer embarazada y sus familiares en la Nochevieja de 2018. Todos ellos sufrieron los síntomas de la listeriosis. Esta afectada, defendida en el proceso judicial por Facua, parió un bebé sietemesino a finales de enero pasado y a los cinco días falleció por listeriosis.

Conversación “significativa” tras la exclusiva de Diario16

La investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil tuvo un momento decisivo el pasado 12 de septiembre, dos días después de la exclusiva de Diario16 en la que se constataba que Magrudis sabía que tenía carne mechada contaminada con listeria al menos desde febrero y continuó comercializándola pese a ser avisada por el laboratorio. Una conversación telefónica interceptada por los agentes durante la operación Monocy entre José Antonio Marín Ponce y su hermano confirmó estos hechos, ya que el gerente de la empresa cárnica le reconoció que “es cierto que en febrero ya había habido una alerta y se la habían comunicado, que retiró el producto y ya está, porque eran muy pocos kilos y los tiró”, según consta en el auto judicial.

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