Tomates en un invernadero de Almería

La Asociación Mediterránea contra la Corrupción y por la Transparencia (AMAyT) ha presentado un escrito dirigido a la delegada territorial de Almería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, exigiendo la apertura de investigaciones en referencia al fraude que se está cometiendo en Almería por el cual, tomate marroquí está siendo etiquetado como de origen y marca Almería.

En el escrito, al que Diario16 ha tenido acceso, la asociación afirma que la propia consejera, María del Carmen Crespo afirmó que había expedientes abiertos a, al menos, 5 empresas del sector hortofrutícola por este motivo. AMAyT tiene constancia de que dicho fraude presuntamente criminal, además de adminsitrativo, puede afectar a más empresas y no sólo a las 5 citadas por la representante de la Junta de Andalucía.

El fraude del etiquetado es un hecho conocido en Almería desde hace tiempo, tal y como revelan las denuncias anónimas recibidas por AMAyT y por manifestaciones de los propios agricultores afectados, además de documentación gráfica —que fue parte de la robada en el despacho de los abogados de la Asociación. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho nada a pesar de que estos hechos «afectan de forma grave a los intereses generales del mercado hortofrutícola almeriense y, especialmente, a pequeños, medianos y jóvenes agricultores, base tradicional y estructura sustentadora de la producción hortofrutícola almeriense, que sufren indefensos las consecuencias de dichos fraudes en sus productos», indica AMAyT en su escrito. Además, este fraude afecta a los consumidores tanto de España como de la UE que son engañados en referencia al origen y a la calidad de los tomates.

Este cambio en las etiquetas del tomate traído de Marruecos puede ser constitutivo de presuntos delitos contra el mercado y los consumidores, falsedad de documento público, oficial o mercantil y de estafa generalizada, al afectar a millones de consumidores españoles y de la Unión Europea.

Además de los expedientes que pudiera tener abiertos la Junta de Andalucía, AMAyT exige a la Delegación Territorial «la remisión y puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía Provincial de Almería y a la Fiscalía General del Estado dada la grave afección de los intereses locales, nacionales y europeos en materia agrícola y alimentaria, con remisión de toda la documentación obrante en esa Delegación o Consejería».

Por otro lado, el escrito hace referencia a que este fraude podría estar afectando a la salud pública y seguridad alimentaria respecto a los controles fitosanitarios y de trazabilidad de los tomates de Marruecos, además de constituir un ataque a la libre competencia por ese falso etiquetado.

A lo anterior, AMAyT exige también a la Junta de Andalucía que este fraude se ponga en conocimiento de la Oficina Antifraude Europea (OLAF, dado que las empresas que están realizando este presunto fraude podrían haberse beneficiado, además, de subvenciones de la Unión Europea. Por esta razón, se exige que estas empresas reintegren el dinero público recibido, además de la pérdida definitiva de la clasificación para poder acceder a nuevas subvenciones de los fondos europeos.

Además, teniendo en cuenta el daño reputacional que estas actuaciones fraudulentas ocasionan al resto de agricultores almerienses, AMAyT requiere a la Delegación Territorial que «ponga en conocimiento público a través de los medios de comunicación los nombres y apellidos de personas físicas o denominación social de los interfectos defraudadores así como el nombre de las marcas que han utilizado para la comercialización ilegal y fraudulenta del tomate y otros productos en el etiquetado fitosanitario y trazabilidad, teniendo en cuenta la gravedad de la afección de los intereses generales del campo almeriense y, en concreto, de los más perjudicados e indefensos por estos fraudes, como son los pequeños, medianos y jóvenes agricultores que, en caso de una potencial intoxicación alimentaria a nivel europeo serían los más gravemente perjudicados pudiéndose incluso llegar a cerrar la comercialización al resto de países de la UE, suponiendo ello un grave hundimiento de la economía general de toda la provincia de Almería, a lo que parece que son ajenas todas las administraciones hasta la fecha», se afirma en el escrito de AMAyT.

Finalmente, se exige a la Junta de Andalucía, como medida cautelar inmediata, la paralización de la actividad de estas empresas y el precinto de las mismas.

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