Al resolver la suspensión de la Ley de Salarios Máximos el ministro ha violentado un sentimiento del pueblo, la exigencia de congruencia del gobierno con la economía del país.

Las profundas diferencias entre una minoría rapaz y una mayoría empobrecida deben combatirse desde el poder público según la voluntad popular.

Pretende actuar amparado en el poder de la oligarquía para hacerse pasar como férreo defensor de la Constitución, como un paladín de la división del poder y protagonista del sano equilibrio democrático.

En realidad, es tan sólo un rufián que actua en contra de lo más sagrado de la vida democrática que es la expresión del pueblo, no está combatiendo el arbitrio de un hombre embriagado de poder como propaga por los corrillos de tribunales y juzgados, se equivoca el ministro presidente, no es un capricho de Andrés Manuel López Obrador.

El ministro con todo y el poder judicial estaba impedido para resolver la preservación de sus altos salarios, sin embargo, se ha atrevido a beneficiarse por sí mismo, lo que implica más que un acto carente de ética un comportamiento delictivo contra la administración de justicia, es además, ejercicio abusivo de funciones, es concusión, es pagarse lo indebido, en síntesis, es un abierto desacato.

Debe ser llevado a juicio político de lo contrario se alimenta un poder reaccionario dispuesto al golpe Estado, debe ser separado de su encargo, en este país se paga mucho en lo que menos hay y todos sabemos que si hay algo más escaso que el agua es la justicia.

La corrupción de este delincuente en potencia es contraria a toda disposición constitucional, hay que recordar que no ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, mucho menos se ha distinguido por su honorabilidad y competencia.

En lugar de excusarse ha resuelto emprender una campaña contra la República en perjuicio del interés público, ha violado el orden Constitucional, pretende desobedecer la Ley para sostener sus insultantes salarios.

El Congreso de la Unión debe responder con la Constitución en la mano y por mas poderosa que se ostente la toga, si ha incurrido en las faltas graves y delitos debe ser removido y sometido a juicio.

El ministro presidente ha incitado la sublevación de la Judicatura en contra del pueblo, negar esta realidad es prestarse a la simulación democrática, de ninguna manera se debe tolerar más corrupción, no estamos frente a un ejercicio republicano de división de poderes se está ante la abierta subversión al orden constitucional.

Este desacato debe servir para poner al poder judicial a debate, si hay un poder alejado del escrutinio público es el judicial, siempre se habla de la corrupción de funcionarios, de diputados y senadores, pero poco o nada se habla de los vitalicios beneficios de la Corte.

La democracia también debe atravesar la impartición de justicia, esta debe dejar de ser cosa de supuestos eruditos de la Ley para ser un asunto de interés público. Ministros, magistrados y jueces deben conducirse con claridad y transparencia.

La elección universal, directa y secreta de la presidencia de la Corte debe ser una propuesta a considerar en los debates de la IV República, la presidencia de Luis María Aguilar es la evidencia de que la justicia como accesorio del poder se corrompe, nada más aberrante que un personaje de su mezquindad ocupe la posición que Benito Juárez ganó a base de votos y bajo el principio de la justa medianía.

Este poder no sirve para la democracia, este poder judicial estuvo hecho para sostener la dictadura, hay que recordar que del porfirismo al priismo fue un poder inerte, justo ahora que se viven tiempos en los que hay esperanza por la democracia viene a hacer valer sus fueros y sus privilegios.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre