Pamplona acoge hoy el inicio del juicio por la violación de los sanfermines que tuvo lugar en 2016. El proceso seguirá mañana con las declaraciones de la denunciante y dos testigos; el miércoles, con las declaraciones de cuatro agentes de la Policía Municipal de Pamplona y de tres agentes de la Policía Foral; el jueves, con declaraciones de ocho agentes de la Policía Municipal de Pamplona y tres testigos, y el viernes, con declaraciones de cuatro agentes de la Policía Foral, cuatro testigos y un policía municipal de Pamplona.
El lunes 20 y el martes 21 se presentarán las pruebas periciales; el día 22 se interrogará a los cinco acusados; el día 23 declararán los testigos propuestos por las defensas, y el día 24 concluirá el juicio con los informes finales y el derecho a la última palabra.
El juicio se desarrollará íntegramente a puerta cerrada para proteger «el derecho fundamental a la intimidad» de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una «indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual» que pertenecen a la esfera personal, según ha decretado la Audiencia de Navarra.
El juicio por la supuesta violación de una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016, en el que son acusados cinco jóvenes sevillanos, se inicia hoy a puerta cerrada en Pamplona. Casi un año y medio después de los hechos, José Ángel Prenda, Ángel Boza, Alfonso Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero Escudero se enfrentan a una petición del fiscal de 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno, así como el abono de una indemnización conjunta para la víctima de 100.000 euros por el daño moral ocasionado.
El grupo, conocido como ‘La Manada’ -el nombre en el grupo de Whatsapp mediante el cual se comunicaban-, ha permanecido en prisión desde el 7 de julio de 2016, cuando los cinco fueron detenidos por la agresión sexual presuntamente cometida la madrugada anterior. Tres de ellos, Prenda,Boza y Escudero, están en una cárcel de la capital de Navarra. Los otros dos, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el militar Alfonso Cabezuela, solicitaron a los pocos días de su detención su traslado a Alcalá Meco (Madrid), donde hay módulos para cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.
