Ayer comenzó el juicio ante la Audiencia Nacional por los atentados cometidos en 2017 en Cataluña que asesinaron a 16 personas y causaron 140 heridos de diferente gravedad.
En el juicio están representadas las familias de las víctimas, y entre ellas, la defensa de la familia del pequeño Javier, que fue asesinado en Las Ramblas, llevada a cabo por Jaume Alonso-Cuevillas.
Precisamente en la primera sesión del juicio que se celebró ayer el abogado intentó plantear, en base al artículo 786.2 LECrim cuestiones previas. Pero el Presidente del Tribunal reaccionó abruptamente, gritando a un abogado y negándole hacer uso de la palabra. No fue la única situación de tensión, puesto en videos como el que puede verse a continuación (de La Vanguardia), se produjo una bronca con uno de los abogados: «No señor, no abandona usted la sala».
Jaume Alonso Cuevillas describió la situación vivida en un hilo publicado en redes sociales:
«Hoy ha comenzado el juicio 17A. Quería plantear diversas cuestiones previas como prevé el artículo 786.2 LECrim. El autoritarismo del Presidente (impropio de una justicia democrática), que ha llegado a gritar a un abogado defensor, ha impedido que pudiera hacer uso de la palabra. Presentaré, pues, escrito de protesta reiterando que conforme a la ley española (Estatuto de la víctima de 2015) y europea (Directiva de 2012 sobre los derechos de las víctimas), las víctimas tienen derecho a obtener una reparación moral.
Reparación moral que comporta el derecho a saber la verdad y a que se hagan los razonables esfuerzos procesales que sean necesarios para averiguar todas las circunstancias del delito. Los padres de un niño de 3 años salvajemente asesinado tienen como mínimo este derecho.
Quería reiterar, pues, algunas pruebas inadmitidas, a mi entender con vulneración de derechos fundamentales. La declaración de los miembros de los servicios secretos que visitaron al Imán cuando cumplía condena por tráfico de drogas para clarificar las relaciones entre el Imán y el CNI.
La declaración del Secretario de Estado de Seguridad para que explicase por qué la administración, no solamente no se opuso a que se anulase su expulsión, sino que le dió permiso de residencia de larga duración.
La declaración de los responsables policiales y políticos que pudieran explicar por qué, a pesar de la alerta 4 antiterrorista, no se controlaba la venta de precursores de explosivos (control obligatorio en toda Europa por el reglamento de 2013).
Es una grave irresponsabilidad que se pudieran comprar kilos de precursores del explosivo «madre de satán» (ya usado anteriormente en Bélgica y Francia) sin que saltase ninguna alarma.
Sin explosivos la casa de Alcanar no habría volado, y puede ser que no se hubieran producido los posteriores atropellos mortales.
Y quería también que se admitiese el dictamen pericial de dos eminentes biólogos genetistas que denuncian con rotundidad la falta de rigor científico, y de hecho legal, del informe de la Policía Científica de Casablanca.
Por lo tanto, recordamos que este informe determina que el ADN de familiares de Es Satty se corresponde con ADN encontrado en un trozo de oreja de Alcanar, sin base para afirmar que el imán esté muerto. Los peritos Drs. Carracedo y Pla, autoridades académicas de referencia mundial, afirman que el informe de Casablanca no cumple los estándares internacionales mínimos en el ámbito genético y por lo tanto, no pueden tener validez ni científica ni legal. «Concluimos que dicho Dictamen no puede tener validez en España, pues incumple la guía de estándares publicada por el ministerio de Justicia (Comisión Nacional para el uso forense del ADN) e incumple todos los estándares internacionales».
Adenda final: todo esto es lo que quería decir y no me han dejado. Las víctimas quieren saber la verdad. Todos queremos saber la verdad. Y mucho me temo que este juicio no nos dará ninguna respuesta».
