La asociación de Jueces y Juezas para la Democracia solicita al Ministerio de Justicia la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial, así como la creación de un grupo para el estudio del sistema de elección de los vocales judiciales por parte de los miembros de la judicatura.

En un comunicado que acaba de publicar la asociación JJpD señalan que el pasado viernes 18 de diciembre, «el Ministro comentó las iniciativas que se están desarrollando en materia de agilización de justicia y de eficiencia procesal, nueva LECrim, planes de chocque, etc. También aludió a que se está evaluando la propuesta de becas públicas que han presentado JJpD y la UPG para los opositores/as a la Carrera Judicial y Fiscal. Igualmente puso en valor que se convoquen entre 2020 y 2021 540 plazas en las oposiciones de acceso a la Carrera Judicial y Fiscal».

«En relación con la renovación del CGPJ y el sistema de elección, el Ministro manifestó su preocupación por que no se produzca la renovación y la posición que sobre el particular mantiene el Partido Popular, considerando que es una anomalía democrática que afecta a la credibilidad de las instituciones. Refirió que no cerraban la posibilidad a un cambio del sistema de elección de los vocales judiciales, ya que incluso en la comisión de justicia del mes de febrero propuso la elección de 36 candidatos por los jueces y que, en un sistema de doble legitimación, sea una comisión parlamentaria fundamentalmente técnica quien elija a los 12 vocales que mejor perfil tengan».

Desde la asociación de JJpD inciden de nuevo en el hecho de que la falta de renovación del CGPJ «es una disfunción democrática y constitucional injustificable que afecta a la credibilidad de la institución y también del propio legislativo». Y señalan: «primero renovación y después análisis del modelo de elección de las/los vocales judiciales por las/os juezas/es».

Insisten desde la asociación en que 2es una decisión importante, que debe estar precedida por suficientes estudios y análisis del derecho comparado, y sobre todo que debe ser una solución que genere consenso y tenga vocación de permanencia, por lo que lo idóneo sería crear un grupo de trabajo, con intervención de todos los operadores jurídicos y grupos parlamentarios. Así mismo, deben regularse las prerrogativas y actividades del CGPJ en funciones, por seguridad jurídica y para evitar un uso partidista del órgano cuando se encuentre en esa situación.»

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