Juezas y Jueces para la Democracia ha emitido un duro comunicado en el que lamenta la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de suspender con carácter cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación de los restos del dictador Franco. “No podemos sino lamentar esta decisión que confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron”, asegura la organización.

La suspensión cautelar, que la asociación califica de “insólita”, se basa en que si se tramita la demanda para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y finalmente se estima la acción de sus herederos sería “materialmente irreversible, perjudicial para la familia y para el interés público”. El tribunal apela a evitar esta colisión de intereses, “algo incomprensible”, según Juezas y Jueces para la Democracia.

La organización ha redactado un duro comunicado con el Alto Tribunal, un tono que no suele ser habitual entre los profesionales de la magistratura. En él se llega a hablar incluso de «falta de sensibilidad” con los familiares de los represaliados por la dictadura franquista.

“Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. El Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. Donde sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista. Los restos de miles de víctimas de la represión son anónimos y fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares”, aseguran.

Además, “la exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas en un lugar religioso, creencia que muchas de las víctimas no profesaban”. Por otra parte, los jueces y juezas firmantes consideran que la reparación de la memoria histórica “es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos y actores del sistema de Naciones Unidas, que han solicitado a España la exhumación”.

Para la organización se trata de una resolución “insólita” también por el tratamiento que otorga al dictador, a quien considera jefe de Estado sin otra connotación. Es más, en un error histórico de bulto, los magistrados del Supremo consideran que Franco llegó a la jefatura del país en 1936, apenas unos meses después de que estallara la guerra y cuando Azaña seguía aún en su cargo. Según JJyD, el régimen franquista nace “de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época. Tanto tiempo después de la Constitución y de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, y dos años después de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados sin votos en contra instando al Gobierno a exhumar los restos del dictador para sacarlos del Valle de los Caídos, parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad”.

Finalmente el comunicado añade que “parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”.

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