El juez Andreu está desconcertando al mundo jurídico, económico, financiero y, sobre todo, a los afectados por el Caso Banco Popular por las decisiones que está tomando en las últimas semanas. En unas ocasiones, adopta medidas en la línea que documentalmente demanda el caso, reclamando al Santander sus responsabilidades y en otras, aparentemente, yendo por una línea que no depurará lo que los datos y documentos demuestran sobre quiénes fueron los responsables de la caída del Popular, de su resolución y de la ruina de más de un millón de personas.

Diario16 ya publicó que había ordenado al Santander la entrega de la documentación referente a la compra del Banco Popular sin ningún tipo de censura, además de requerir la totalidad de la misma —el banco cántabro sólo había entregado 14 documentos según los abogados de diferentes fondos de inversión personados en la macrocausa. Sin embargo, también aceptó a trámite una ampliación de la demanda de la asociación Apasbanc e imputó al ex director financiero del Popular por su participación en la elaboración de las cuentas que sirvieron para la ampliación de capital de 2.016. Como se puede ver, por un lado tomó una decisión dentro de lo que se espera de este procedimiento utilizando los documentos con los que queda en evidencia la responsabilidad del Santander y, por otro, continuó con la senda de que la responsabilidad de la caída del Banco Popular estuviera en esa ampliación, algo que ya hemos demostrado documentalmente en estas páginas que no tuvo nada que ver porque, tal y como han reconocido la JUR, el BCE, el Banco de España, entre otros, la caída de la entonces sexta entidad financiera del país se produjo por una grave crisis de liquidez originada en el segundo trimestre de 2.017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho.

El último movimiento jurídico que ha realizado Andreu afecta va por la senda de reclamar al Santander el daño causado y, por tanto, beneficia a los accionistas del sexto banco español: el juez aceptará a todos las personas que fueran accionistas del Popular en el último año como presuntos perjudicados, es decir, lo contrario de lo que reclamaba el banco cántabro dado que su estrategia judicial pasaba porque sólo se aceptase a aquellos que habían comprado acciones durante la ampliación de capital de 2.016, ya que para el Santander era absurdo que se personaran al caso personas que hubiesen adquirido títulos hacía veinte o más años. Absurdo, ¿por qué? Lo han perdido todo tanto los que adquirieron acciones en 2.016 como los que las compraron en 1.945.

Por otro lado, estas decisiones del propio Andreu están dejando en evidencia a los bufetes de abogados con conflicto de interés que engañaron a los afectados creando grandes plataformas, pero ocultando, precisamente, ese aspecto a la hora de configurar su estrategia judicial. Algunos de estos bufetes están también muy cercanos a corruptos venezolanos instalados en España que hicieron su fortuna a través de la corrupción que se dio, sobre todo, en la petrolera estatal PDVSA.

Esta forma de llevar la instrucción de Andreu genera muchas dudas. ¿La documentación que está llegando a sus manos, como la presentada por Diario16, le está haciendo ver el caso desde otro punto de vista? ¿Su conciencia social ante la ruina de más de un millón de ciudadanos le estará haciendo sopesar la línea de instrucción? ¿Podría tener relación con la presentación de su candidatura a Vocal del Consejo General del Poder Judicial?

Lo único que queda claro es que ha pasado más de un año desde la resolución del Popular, la venta por un euro al Santander y la ruina de más de 305.000 familias y Andreu aún no ha tomado ninguna medida preventiva (como la imposición de una fianza al Santander), ninguna prueba pericial (como la de la firma de Saracho) ni ha llamado a declarar a nadie, ya sea a los actualmente imputados o a testigos.

Esta es la razón de que el comportamiento de las últimas semanas esté siendo desconcertante. ¿Qué se estará guardando Andreu? ¿Estará intentando conseguir, a pesar de todas las «dificultades», hacer justicia con la Justicia?

10 COMENTARIOS

  1. cuando voy a entrar en diario 16 lo primero que me dice es que la pagina no es segura
    Este sitio web puede haber sido pirateado.
    estaran atacando a diario 16 desde la web ,es mosqueante.
    este enlace lo acabo de abrir despues de haberlo intentado varias veces durante la mañana .
    a lo mejor es mi ordenador pero en otras paginas no me pasa esto.
    le pasa a alguien mas ?

  2. Antes ponias en Google, Banco Popular, noticias y salian todos los artículos al respecto de Diario 16. Desde agosto si pones esto mismo no sale ninguna referencia a Diario 16, como si no existiese. Desde luego es mosqueante.

  3. Información Banco Popular ADICAE.
    A

    ADICAE Castilla y León
    seg 10/09/2018 11:47
    Caixa de Entrada

    Buenos días:

    Como socio de ADICAE y/o miembro de la plataforma de afectados del Banco Popular que la asociación ha puesto en marcha nos ponemos en contacto contigo para compartir las últimas informaciones que sobre este caso han surgido en los últimos días.

    La JUR (Junta Unica de Resolución), uno de los organismos responsables de la entrega del Banco Popular al Santander, ha decidido, de forma preliminar, negar compensación alguna a los afectados de la pérdida del valor de sus ahorros.

    Este un organismo técnico, cuyas decisiones están siendo cuestionadas en toda Europa, ha usado el caso del Banco Popular como conejo de indias abandonando la defensa de la mayoría de los accionistas pequeños ahorradores. En España, el caso del Popular es un caso flagrante de una actuación oscura de la JUR que concluyó en otra operación aún más oscura de la venta al Santander por un euro que está siendo investigada penalmente con la personación de ADICAE como acusación popular y acusación particular de varios miles de afectados.

    Toda esta estrategia tiene como objetivo para desmoralizar y asustar a esas 300.000 familias españolas que se han visto perjudicadas por esa resolución, en lugar de buscar una posible viabilidad o rescate como pasó con Bankia 300.000 ahorradores que confiaban en la entidad y en la supervisión financiera que ha quedado totalmente en tela de juicio.

    Esta decisión, de la JUR como decimos, no es definitiva y toma como base el tercero de los informes de la agencia Deloitte. Además en esta comunicación se abre un plazo para que los afectados presenten alegaciones ante ella y pueda hacer uso del derecho de audiencia.

    Estas alegaciones tienen como objetivo que el afectado cuente su caso concreto y exprese su malestar sobre las resoluciones tomadas derivadas de esta situación. Las alegaciones se tienen que hacer a través de la propia web de la JUR (facilitamos el enlace de esta web al final de este correo) y a estas hay que adjuntar una documentación determinada (identificación, y documentos acreditativos de los valores). El plazo para presentar estas alegaciones concluye el 14 de septiembre.

    Desde ADICAE pensamos que es una buena oportunidad para hacer llegar de forma masiva el descontento de los afectados a través de este mecanismo. Por lo tanto abrimos las puertas de la organización a todos los ahorradores-accionistas perjudicados por esta resolución que tengan alguna duda o problema para la realización de este trámite.

    Puedes contactar con nosotros a través del correo a [email protected] o en el teléfono. 983373173.

    Un saludo.

    ADICAE CASTILLA Y LEÓN

    Enlace al formulario de la JUR: https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard

    • Muchísimas gracias, yo ya he rellenado la solicitud, no puede ser más sencillo. Ahora a esperar a que manden el formulario y a protestar, por supuesto que sí.

  4. yo también la he presentado. muchas gracias por la información y ánimo a todos y todas los afectados para seguir peleando hasta recuperar lo que se nos ha expropiado. un saludo

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