Esta semana se publicaba la noticia por El Diario.es que destapaba lo que era ya conocido por todos los que, de alguna manera, tenemos relación con el ámbito del Derecho: los preparadores de oposiciones que, siendo jueces -o fiscales- cobran en B y no declaran sus ingresos.
Se vincula esta noticia con el hecho de que el Gobierno quiere becar a los opositores de judicatura, pero a la hora de presentar justificantes de los pagos que realizan para sus preparadores, no pueden hacerlo.
Cuando estudiaba en la facultad de Derecho, muchos de mis compañeros y compañeras que ya tenían claro que opositarían al licenciarse, sabían perfectamente cómo funcionaba el asunto. Y recuerdo que, ya entonces, me pareció alucinante que un juez, ése que administra justicia, fuera capaz de cometer semejante atropello.
No estamos hablando de dar algunas clasecillas particulares por las que se obtienen unas pelas para tus gastos de estudiante. No. Hablamos de unos preparadores que tienen sus trabajos, como jueces, con sus sueldos -que no son irrisorios-, y que se dedican a sancionar a quien no cumple con la ley. O sea, que seguramente hayan impuesto condenas a algún que otro ciudadano por no declarar ingresos a las arcas públicas, algo que sería lo que precisamente ellos hacen. Ojo, no todos los jueces o fiscales hacen esto, que conste. Pero no son pocos, y no es algo nuevo: es una práctica que se perpetúa y que prácticamente todos los que llegan a ser jueces o fiscales, conocen, y no hacen nada porque «entre bomberos no se pisan la manguera».
Conocer esta información cabrea. Es lógico. Porque al final es de cajón que terminemos por pensar en el por qué del pago de impuestos si nuestra sanidad está desmantelada, si las ayudas cuando las necesitamos no llegan y si la administración en general pasa olímpicamente del ciudadano con cualquier excusa. Soy socialdemócrata y creo en el sistema tributario, en los bienes públicos y en la gestión del interés común de manera solidaria y participativa. Pero lo que no soy es imbécil y cada vez que voy conociendo más el tinglado que hay montado, me siento engañada y entro en cólera cada vez que pago mis impuestos.
Porque soy autónoma, porque todos los meses he de pagar religiosamente, independientemente de lo que yo haya facturado. Independientemente de si quien me tiene que pagar lo hace, o si me tiene meses esperando mi salario. Porque cada tres meses hago mi declaración del IVA. Y pobre de los autónomos que no estamos al detalle y presentamos todo de manera impoluta como y cuando toca.
Y entre mis amigas, me contaban el otro día que hacienda reclama el pago de gastos de gasolina, a pesar de que se había declarado lo que se gastó para acudir a un trabajo. Nada de excesos, nada de trampas. Pues a devolverlo.
Y son tantos y tantos los casos de abusos que tenemos que soportar los que sí pagamos, que es realmente desesperante. Para después leer que sus señorías se pasan por el forro de la toga (algunos), aquello de cumplir con las normas que son iguales para todos.
Soy ciudadana responsable a la que le molesta profundamente sentir que es imbécil por cumplir con las normas mientras parece que los que más debieran hacerlo, se las saltan y se ríen en nuestras caras.
Porque estoy harta de abusos. Permítame el desahogo y que le cuente lo más alucinante que me acaba de pasar.
Los ciudadanos de Castilla La Mancha estamos sufriendo un auténtico atropello a nuestros derechos más básicos. Nos están exigiendo el pago de tributos que en realidad no es justo.
Le cuento este caso porque lo he sufrido y porque, viendo lo de los jueces, me ha hecho estallar: en Castilla La Mancha, cuando se compra una vivienda a un precio razonable, de manera absolutamente transparente, limpia y legal, y se paga el impuesto correspondiente por ello, puede venir Hacienda después y dcirte que has de tributar más todavía. No por el precio de compra, sino por el que le aparece a Hacienda en el Catastro. Por mucho que pidas que venga un perito a ver en qué condiciones estaba realmente la casa, lo más seguro es que no te hagan ni caso, nadie se pase por ella, y les importe un comino que les expliques que el valor catastral está absolutamente inflado.
¿Para qué actualizar los valores catastratales pudiendo sacarnos los higadillos a quienes compramos una casa con el fin de vivir en ella?
He vivido en mis propias carnes lo que se siente cuando recurres esta decisión arbitraria y absolutamente injusta que estamos sufriendo muchos ciudadanos de esta región. He llegado al Tribunal Económico regional, y me ha dado la razón: anuló la reclamación de la delegación provincial que me reclamaba el pago (suplementario) del impuesto.
Y usted pensará: «ah, fenomenal, entonces la justicia funciona». Y es cuando yo le cuento que al día siguiente de anularlo, la delegación provincial de Guadalajara atacó de nuevo, por los mismos hechos, y pidiendo intereses como si no se hubiera anulado su reclamación por los jueces. Les dio lo mismo y volvieron a empezar. Sirviéndose de las anomalías producidas durante la pandemia, nos han dejado absolutamente desprotegidos, alterando plazos para recurrir y sin informar debidamente.
Y como conmigo, con muchísimas familias trabajadoras que se dedican a comprarse una vivienda y a las que embargan para pagar un impuesto suplementario absolutamente irregular.
La situación es tan alucinante como si compra usted unas zapatillas en rebajas, paga el iva correspondiente por el precio que tienen al comprarlas y un mes después, le llaman de la tienda para que pague usted el iva que falta por la cantidad relativa al precio que tenían las zapatillas en temporada. Eso es lo que está pasando. Y la excusa es el mercado inmobiliario y no sé qué más historias, por lo que al final siempre terminamos pagando los mismos: los que compramos una vivienda para vivir en ella.
¿Es o no es para estar indignados? Se nos hace pagar por lo que ni siquiera es, mientras se cierra la puerta a investigar lo que haya podido hacer el emérito pudiendo estar defraudando millones y millones de euros.
No son millones lo que se llevan los jueces por dar clases particulares. Es evidente. Pero la cantidad no es el problema. Lo lamentable es que seguimos en un sistema casi feudal, donde a nosotros parece que nos toca pagar por todo, hasta por lo que no deberíamos pagar, y otros viven a cuerpo de rey a nuestra costa.
Se supone que para evitar estos abusos estaban los jueces. Pero por lo que se ve, están más del otro lado que del «nuestro».
Nosotros pagando de más, y algunos de los que nos castigan si no lo hacemos, sin pagar.
¿Cómo no quieren que estemos hartos?
Yo cada día estoy más convencido, no sólo de la inutilidade, sino de la inconveniencia de los jueces. Me explico, y me refiero a los hechos exclusivamente:
La ley está o debiese de estar clara, pero en el supuesto que así no fuese, nunca es esta figura quien de dictaminar las concreciones o correcciones al respecto, si existe una cámara para eso. Con la ley clara en la mano, hay una figura para la acusación (fiscal) cuando se encuentra la evidencia o la posibilidad de la existencia de un delito, se denuncia o se investiga . En el caso de Beatriz ( me estoy haciendo pajas mentales y podes mandarme a tomar polo cu en canto que quixeses) podría haber mandado a alguien a investigar por si se estuviese produciendo una situación de abuso por parte de la administración, y que puedo asegurar que son conocedores todas las figuras en la justicia, los cuerpos de seguridad y hasta en las naves extraterrestres, entonces atajar, o denunciar la situación, que es probable que paralizase éste u otros casos pero de una vez por todas ( any time at all para los enemigos del negocio y fenómeno litigiante en EEUU)
Y ya por último la evidencia; existe o hay clara evidencia del delito, falta…Si hay un juez puede empatizar con uno, con otro, con ni dios (despotismo) o dejar todo como está, a veces por simple vagancia o inapetencia. Conozco cada uno de los casos, que supondrán la décima parte de los que conoce Beatriz, por eso hacen falta más especialistas y técnicos en las materias a juzgar y menos juanpalomos, de los que hay una plaga aún fuera de la judicatura.
No voy a escribir más, y cerrando la posibilidad de que vuelvan a echar mano de la ley de Linch, me gustaría que juzgaseis vosotros, no es nada personal que no os conozco, pero aún así me fío más.
No sólo en CLM. En la otra Castilla tengo un solar que no vale ni la mitad del valor catastral, pero ni Ayuntamientos ni Hacienda tienen interés en arreglarlo. Al final pagas el doble de lo que deberías. Impotencia. Es un robo.