Juan Cotino, ex dirigente del PP Valenciano implicado en varias causas con la Justicia, fallece por coronavirus tras ser diagnosticado en un primer momento de gripe.
En 1996, con José María Aznar en la presidencia del Gobierno, fue nombrado director general de la Policía, un cargo que mantuvo hasta el año 2002 cuando Aznar lo nombró delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras la derrota del PP en las elecciones generales de 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo destituyó.
Tras su salida de la Delegación de Gobierno, Francisco Camps, con el que mantenía una estrecha relación de amistad desde que ambos coincidieran en el Ayuntamiento de València y en Madrid, eligió a Cotino como nuevo conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación. En 2007, lo nombró vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y conseller de Bienestar Social, cartera que cambió por Medio Ambiente en 2009, manteniendo la vicepresidencia. Tras las elecciones del 22 de mayo de 2011, fue nombrado presidente de Les Corts.
Este tótem del PP estuvo ligado a diversas causas de corrupción. Además del juicio por los presuntos amaños de contratos que se está juzgando en la Audiencia Nacional, Cotino tenía otras dos causas abiertas. Por un lado, otra investigación relativa a la visita de Benedicto XVI, en este caso el supuesto amaño de contratos realizados a través de la Fundación V Encuentro.
Juan Cotino y sus dos sobrinos estaban imputados en el caso Erial, que investiga las presuntas mordidas recibidas por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en el supuesto amaño de dos concursos, el de las ITV y el Plan Eólico, que fueron a parar a manos de la familia Cotino, entre otras.
Según el sumario, el exdirector general de la Policía habría viajado a Luxemburgo con 600.000 euros para abrir una cuenta offshore mientras era el máximo responsable de la Policía. Una cuenta a través de la cual se habrían canalizado las mordidas para Zaplana.
Al igual que ocurrió con la exalcaldesa Rita Barberá, que murió dos días después de declarar en el Tribunal Supremo -era senadora- como imputada por blanqueo de capitales, todos los procedimientos abiertos contra él quedarán automáticamente archivados, ya que el derecho español no permite investigar ni juzgar a una persona fallecida.
