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En contra del criterio del juez De Egea, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado las investigaciones para determinar si existió el cobro de presuntas comisiones ilegales durante la construcción del AVE a La Meca, tal y como denunció Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en las conversaciones que grabó el ex comisario José Manuel Villarejo, según ha informado la Cadena SER.

Según el Ministerio Fiscal, el relato de la ex amante del rey emérito fue de una precisión absoluta, algo que contrasta con la versión dada por el juez De Egea para archivar la causa. En esas conversaciones Corinna desvelaba el cobro de 80 millones de euros por las gestiones de intermediación realizadas para la construcción del AVE a La Meca y que el dinero abonado por, entre otros, Juan Miguel Villar Mir, fue ingresado en una cuenta en suiza de la que era titular el abogado Dante Canónica.

Sin embargo, si los datos aportados por Corinna son ciertos, la querella de la Fiscalía sólo podrá ir dirigida contra los empresarios que pagaron la presunta mordida y nunca contra Juan Carlos de Borbón, el beneficiario de la misma, porque en el tiempo en que se produjeron los hechos el rey emérito tenía la condición de inviolable.

Nos encontramos ante un nuevo escándalo de la Justicia en España. Es cierto que la Constitución señala la inviolabilidad del Jefe del Estado. Sin embargo, el cobro de comisiones no entra dentro de sus funciones orgánicas y, por lo tanto, deberían estar fuera de esa categoría. Por tanto, se demuestra nuevamente que en España la Justicia es igual para todos… los Borbones.

En caso de que la Fiscalía demostrase el cobro de esos 80 millones de euros, además de ser un golpe al tercer poder, nos encontraríamos ante un serio varapalo a la propia democracia española. En cualquier país de nuestro entorno, si un Jefe del Estado es descubierto en un caso de ocultación de bienes, de cobro mordidas/comisiones de los empresarios a los que tiene la obligación de ayudar por el cargo que ocupa y por el bien de su país, de evasión fiscal, etc., ese Jefe del Estado estaría siendo investigado por las fuerzas de seguridad y por los órganos judiciales, además de haberle requerido para tomarle declaración. En España, por el contrario, son los propios órganos estatales los que protegen al monarca y a la Familia Real.

El caso de las presuntas comisiones del AVE a La Meca es un ejemplo más del desastre democrático que se perpetra en España cada vez que existen sospechas de comisión de supuestos delitos por parte del rey emérito y de las trabas a las que se enfrenta la Justicia a la hora de abrir diligencias contra él por el mero hecho de que está protegido por el artículo 56 de la Constitución.

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