Ha sido una noticia que ha corrido como la pólvora y levantando todo tipo de comentarios en todos los medios de comunicación. El rey emérito ha movido pieza para evitar un delito fiscal -cosa que reconoce haberlo hecho, en el caso de las tarjetas opacas. Tarjetas a nombre de una tercera persona que, tanto él como su mujer y algunos nietos habrían usado en su provecho.
Su abogado, Javier Sánchez-Junco, ha informado que el rey emérito ha presentado en la Agencia Tributaria una declaración de forma voluntaria, sin haber recibido ningún requerimiento previo, para regularizar su situación, la deuda con Hacienda era de 678.396 euros, con los intereses y recargos ya incluidos, que ha pagado según dice su abogado defensor.
Pedro Sánchez, que estaba al corriente, ha hecho unas declaraciones propias de gran estadista al decir que la democracia, la justicia y la Agencia Tributaria están funcionando la mar de bien y sin ningún tipo de interferencias. Por otro lado y, aquí me saco el sombrero, dejó muy claro que la monarquía no corre ningún riesgo en España. Repito, se trata de un gran estadista.
Vean la reacción de algunos políticos sobre la regularización del rey emérito.
Resulta, cuando menos curioso, la forma en que se expresan los partidos de la derecha, no solo no lo critican sino que resaltan todo lo bueno y mejor que Juan Carlos I había hecho por España. El representante de Vox manifiesta que el emérito, como cualquier otro español, tiene todo derecho a acogerse a la normativa fiscal con los mismos términos y condiciones que el resto de ciudadanos.
Sobre esta opinión me gustaría manifestar que estoy de acuerdo, pero añadiendo que también ha de tener las mismas obligaciones y aquí me parece que hay alguna diferencia. Se ha publicado que la fortuna del emérito está al votante de los 2.000 millones de euros. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Dónde es depositada? Lo que ha pagado a Hacienda ¿dónde lo tenía depositado? ¿En qué banco? ¿En qué país? Falta esta información.
Ahora no hay que hablar de inviolabilidad, pero después de abdicar Juan Carlos se ha dedicado a no pagar impuestos, fraude que ahora ha reconocido. La monarquía es una institución cuestionada que solo puede funcionar si es ejemplar y sus miembros observan neutralidad política. En el caso de España no ha sucedido ni una cosa ni la otra.
Vean algunas declaraciones de la Corona que, desgraciadamente, no responden a la realidad.
La transición española, muerto el dictador, resultó curiosa en algunos aspectos que han resultado un poco extraños; según la carta magna al rey, como jefe de estado, se le otorga un derecho, el de la inviolabilidad, que le hace estar por encima del bien y el mal y a quien no se le puede juzgar por esta razón, no deja de ser anecdótico que la Constitución proteja a quién no juró ni promeió cumplirla, puesto que él había jurado los principios del movimiento nacional de Franco.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? Habiendo regularizado el tema de las tarjetas opacas, ¿Podrá la fiscalía española o suiza imputarlo por otros delitos o… la inviolabilidad le protegerá de todo lo realizado mientras era el jefe del estado hasta su abdicación? Cada vez que oigo decir que la justicia es igual para todos a mí, personalmente, se me revuelve el estómago.
