Juan Carlos de Borbón deja la actividad pública sin terminar la transición a una democracia plena

Juan Carlos de Borbón representa a la monarquía española, la institución elegida por el dictador Francisco Franco Bahamonde para sucederle en la Jefatura del Estado. Desde el año 1975 nada ha cambiado y los españoles se han dado cuenta de que la Transición, con todos sus logros, dejó demasiados cabos por atar para que la democracia real sea una realidad.

En principio, nada se podría oponer a la labor desarrollada por Juan Carlos durante los primeros años tras la muerte de Franco. Desde los grandes partidos y desde los poderes fácticos se ha pretendido imponer una lectura de la Transición como de un hecho histórico cuyas consecuencias son inamovibles, irrefutables e incontestables. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado que España necesita la implementación de las reformas que no fueron desarrolladas en la segunda mitad de la década de los 70, empezando por la propia Jefatura del Estado.

Un país que se llama democrático no puede permitirse mantener al margen de la voluntad del pueblo a una institución que fue impuesta por un dictador. De eso ya se encargó Adolfo Suárez y el establishment setentero al manipular e impedir que los españoles votaran por el régimen político que querían para la democracia que estaba por venir. Hay un hecho muy importante que demuestra cómo la Monarquía ha sido mantenida donde está: los españoles no son monárquicos, más bien fueron juancarlistas.

Lo que los ciudadanos no han sabido hasta hace poco tiempo es cómo fueron utilizados por quienes pretendían mantener la voluntad de Franco respecto a quien debía sucederle en la Jefatura de Estado. En primer lugar, Adolfo Suárez reconoció en una entrevista cómo había manipulado las cosas en el referéndum para la reforma política de diciembre de 1.976. En concreto, el ex presidente dijo que «cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos». Para evitar dar la voz al pueblo español incluyeron la palabra rey y monarquía en la Ley de Reforma Política y así justificaron que ya se había hecho un referéndum, algo que, como se ve, no fue así. En segundo término, para terminar de culminar la manipulación, no dieron la oportunidad de que los y las ciudadanas españolas pudieran elegir el modelo de Estado en el referéndum de 1.978 sobre la Constitución. Esto fue un trágala en toda regla porque se metió en el paquete de la Carta Magna también a la Monarquía.

Esto no es dar una visión diferente de la Transición sino exponer un hecho reconocido por quien lo protagonizó.

Por otro lado, el paso de los años y la evolución de la democracia durante la permanencia de Juan Carlos de Borbón en la Jefatura del Estado no derivó en una profundización de las reformas que el país necesitaba para proteger a la ciudadanía y no a las élites que gobiernan la nación desde la sombra.

Cualquier reforma constitucional que se quieran plantear es tachada de traición por quienes están cómodos con una democracia incompleta. Por mucho que el papel del Jefe del Estado sea meramente testimonial, la realidad es que también la monarquía está a gusto con un régimen democrático insuficiente.

Durante estos 43 años y medio la realidad es que no se ha hecho nada de cara a la ciudadanía, porque se pretendió que los logros de la Transición fueran inamovibles. La función principal de una Constitución democrática es garantizar los derechos y las libertades del pueblo frente a los abusos del poder, sea cual sea y venga de donde venga. Durante los años inmediatamente posteriores a la Transición la Carta Magna tuvo una función muy importante de asentamiento del sistema democrático. Por cierto, Juan Carlos de Borbón sólo sancionó la Constitución no la juró porque ya había jurado el día de su coronación —con el cadáver de Franco aún expuesto en el Palacio Real— los Principios Fundamentales del Movimiento.

Sin embargo, a partir de la década de los 90, con varias crisis económicas y un incremento de la inestabilidad política —por más que los defensores del bipartidismo afirmen lo contrario—, se vio que la Constitución iba perdiendo su vigencia en relación con esa labor fundamental en cualquier Estado democrático.

El inmovilismo no genera solidez. Más bien al contrario, provoca rigidez, frustración, debilidad y desigualdad. Esto es algo que quienes defienden que «la Constitución no se toca» no entienden a pesar de las claras evidencias de que la Carta Magna se ha convertido en un texto vacío de contenido precisamente por la falta de reformas.

Evidentemente, continúa siendo la garantía de los derechos y las libertades democráticas. Sin embargo, las consecuencias de la crisis económica, las diferentes revoluciones que está viviendo la sociedad, como la tecnológica o la del feminismo, por citar algunas, están dejando claro que España necesita una reforma integral de la Constitución para, en primer lugar, adaptar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía a los tiempos actuales, y, en segundo término, que fortalezca a la democracia frente al crecimiento de la ultraderecha fascista que, precisamente, lo que defiende es el inmovilismo.

La ineficacia constitucional se ha visto en cómo desde los poderes económicos y desde el poder legislativo se han conculcado derechos recogidos en la Carta Magna sin ningún problema: el derecho al trabajo ha sido prácticamente derogado con la reforma laboral de Rajoy; los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación con la ley Mordaza; el derecho a la vivienda con las leyes hipotecarias y la permisividad de los desahucios indiscriminados de la banca; el derecho a la sanidad y la educación con los recortes impuestos por las políticas austericidas impuestas por la Unión Europea. Por no hablar de la imposibilidad de decisión sobre el modelo de Estado que se blindó a través de manipulaciones durante la Transición.

Por tanto, todo esto son las tareas pendientes de la España democrática y que Juan Carlos de Borbón deja sin hacer. La Constitución necesita reformas muy serias orientadas a blindar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos que se trasladan directamente a sus vidas, a la realidad del día a día porque, de otro modo, la Carta Magna está de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Se atreverá Felipe de Borbón a ser la vanguardia de todos estos cambios o permanecerá impávido mientras nuestra democracia se derrumba?