martes, 28septiembre, 2021
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Trapero tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional por sedición

La jueza Carmen Lamela investiga los hechos ocurridos en Barcelona los pasados días 20 y 21 de septiembre en la concentración de la Conselleria de Economía de la Generalitat

Ángel Zafra
Periodista con amplia trayectoria en varios medios de comunicación, siempre como colaborador. EN las ultimas fechas ha estado vinculado a Radio Nacional de España y a el diario El País.
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La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado para el próximo viernes al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en calidad de investigado por un delito de sedición. La magistrada también ha llamado a declarar en la misma condición a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y a los presidentes de las entidades Ómnium Cultural y Asociación Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente.

La Audiencia investiga los hechos ocurridos los pasados días 20 y 21 de septiembre en Cataluña, en relación con las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo en distintas Consejerías, entre ellas la de Economía, para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

El pasado 27 de septiembre, la juez admitió la denuncia que presentó la Fiscalía por estos hechos, en un auto en el que señalaba que las conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que en el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.

La citación por parte de la juez Lamela se produce tras el atestado trasladado por la policía judicial sobre lo que allí aconteció. La jueza considera que la concentración ante la Consejería de Economía «no puede considerarse como una manifestación espontánea«, sino que existió «una voluntad clara de concentrar al mayor número posible de personas en esa zona«.

En este sentido, los investigadores resaltaron la «acumulación de indicios» sobre la presunta responsabilidad de Sánchez y Cuixart en los hechos, pues «tenían un poder efectivo sobre la gente concentrada». El informe final de los atestados señalaba también a la ‘mosso’ Teresa Laplana, a la que hasta cuatro veces requirió la Guardia Civil que realizaba los registros la ayuda de los Mossos para que alejaran a los manifestantes de las puertas del edificio, ante lo que la agente se limitó a responder: «No puedo» y que su intención era «mantener la situación«.

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