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José Antonio Primo de Rivera saldrá del Valle de los Caídos por la Ley de Memoria Democrática

La futura norma no aclara el destino de Queipo de Llano y otros cabecillas golpistas que siguen sepultados en lugares preeminentes en diferentes puntos de España

Diego Castrejón
Una infancia marcada los abusos sexuales de los que fue víctima. Un paso por prisión. Una imagen pública condicionada por la denuncia de la corrupción política en Andalucía. Diego Castrejón, ha vivido en carne propia la dureza de ser un excluido y como el poder pone en marcha, los mecanismos para expulsar del espacio público a todos aquellos que se atreven a plantar cara a la corrupción. Periodista, activista en defensa de los derechos humanos, Diego Castrejón, ha consagrado los últimos diez años de su vida a estudiar los procesos de exclusión social, así como a defender el derecho de participación y a ser reconocidos de los sectores más estigmatizados de la sociedad. Hoy es el coordinador de la Red Iberoamericana para la defensa de los derechos humanos.
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La nueva Ley de Memoria Democrática propiciará la exhumación de los restos del fundador de Falange. Así, José Antonio Primo de Rivera saldrá de Cuelgamuros. Además, la futura norma disolverá de facto la fundación que gestiona el Valle de los Caídos, que será resignificado como lugar de la memoria. Sin embargo, no queda claro el destino de otros cabecillas del Golpe de Estado de 1936 como Queipo de Llano, quien continúa enterrado en la Basílica de la Macarena de Sevilla.

Tras la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la nueva Ley de Memoria Histórica comienzan a conocerse los aspectos más destacados del nuevo texto que ha presentado el ministro Félix Bolaños, sustituto de Carmen Calvo al frente del Ministerio de Presidencia.

Entre ellos destaca el destino del Valle de los Caídos, monumento referente de la iconografía franquista, que pretende ser redefinido como lugar de la memoria. A este respecto. Este proceso de resignificación de Cuelgamuros se inició con la exhumación del Dictador Francisco Franco.

Primo de Rivera y los Benedictinos abandonarán el Valle

La nueva Ley, una vez finalizado su recorrido parlamentario y tras su promulgación, disolverá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que desaparecerá en aplicación del punto quinto del artículo 55 del texto.

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Igualmente, la entrada en vigor de la nueva Ley promoverá la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera de la Basílica, dónde el fundador de Falange compartía lugar de preferencia junto al Dictador Francisco Franco.

Esto será posible con la aplicación de otros de los puntos del mismo artículo de la ley que promueve la reubicación de los restos mortales de cualquier persona que ocupe un lugar de preeminencia con respecto al resto de personas sepultadas en el recinto y las criptas adyacentes del, hasta ahora, lugar de culto. Por el nuevo texto, pasaría a ser un cementerio civil.

Otros cabecillas de la sublevación

Aunque el texto es claro en lo relativo a la resignificación del Valle de los Caídos como espacio de la memoria y el destino que recibirá Primo de Rivera, queda en el alero que pasará con otros cabecillas de la sublevación militar contra la República.

Un ejemplo de esta indefinición se concreta en el caso del General franquista Queipo de Llano, responsable de la muerte de miles de personas en Sevilla durante los días posteriores al Golpe de Estado. Queipo de Llano, permanece enterrado en la Basílica de la Macarena de Sevilla, a pesar de las reiteradas peticiones por parte de las instituciones públicas de la retirada del cuerpo del golpista de uno de lugares que más visitas recibe en la capital hispalense.

Posibilidades de mejoras en el trámite parlamentario

Aunque la aprobación de la nueva Ley supondría un avance claro con respecto a la legislación anterior en materia de memoria en España, sobre todo en el tratamiento de las víctimas, despierta serias dudas ante su aplicabilidad real.

Aspectos relativos a la reparación material del daño causado por la represión franquista a las víctimas de la dictadura, serán objeto de debate en sede parlamentaria. El nuevo texto, no concede a las víctimas la capacidad de reclamar responsabilidad económica al Estado por los daños recibidos durante los Gobiernos franquistas. Esto contrasta con la anulación de todas las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales franquistas. Medida ésta que ha sido recibida de forma muy positiva por las asociaciones y familias de la Memoria Histórica.

Inventario de los bienes

Igualmente, aunque el nuevo texto contempla la realización de un inventario de los bienes expoliados como parte de la represión de la dictadura, aún queda por aclarar la posible restitución de esos bienes a sus legítimos dueños. Aspecto éste, que no se trata en el texto que se remite desde La Moncloa al Congreso.

En este sentido, el Gobierno admite de buen grado la posibilidad de mejora en el Congreso de un texto, que por primera vez en la historia democrática española condena de manera explícita el Golpe de Estado y la Dictadura franquista y que el Gobierno aspira que sea aprobado por unanimidad de la Cámara.

Colisiones con la Ley de Amnistía

En el texto elaborado por el Gobierno, se articula la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos dependiente de Fiscalía General del Estado.

Aunque el cometido de este nuevo órgano en el Ministerio Fiscal estará dirigido a la averiguación de las circunstancias de la muerte de las víctimas del franquismo, así como de otras violaciones se pudieran haber dado en el marco de la represión de la Dictadura; se plantea la duda de la eficacia de este trabajo, atendiendo a la existencia de la Ley de Amnistía de 1977 que, con su permanencia en ordenamiento jurídico español, cierra de facto la posibilidad de abrir un proceso judicial en España sobre cualquier aspecto relacionado con los crímenes cometidos por la Dictadura.

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