El candidato a la presidencia de la Generalitat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha presentado este lunes 12 de marzo un escrito de apelación ante el Tribunal Supremo. En el documento solicita al máximo órgano judicial español que se le permita acudir al pleno de su investidura “a la mayor brevedad posible”, tras la negativa del juez Llarena.
En el escrito solicita su rápida liberación “teniendo en cuenta la suma excepcionalidad de los intereses en juego”. Justifica además la necesidad de poder acudir a su pleno de investidura en los millones de votantes, y en sus propios derechos políticos.
El pleno de investidura estaba previsto para hoy, pero tuvo que ser aplazado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, tras la negativa del juez Llarena de permitir acudir a Sànchez. La defensa del candidato de JxCat asegura que cualquier retraso sufrido en el proceso supone una “frustración irremediable”.
En el escrito, Jordi Pina, abogado de Sànchez, asegura que denegar al parlamentario su derecho a acudir al Pleno de investidura en un Parlamento democráticamente elegido comporta “graves lesiones de derechos fundamentales y es una decisión que socava gravemente algunos de los pilares básicos de cualquier sistema constitucional”.
En el escrito presentado ante el Tribunal Supremo, Jordi Sànchez asegura que se está vulnerando su presunción de inocencia al “imponer un castigo anticipado” por la expresión de ideas políticas, que asegura que se están criminalizando.
Para el abogado Pina, el auto del magistrado Pablo Llarena contiene “consideraciones de oportunidad política totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes”. Asegura además que el riesgo para el orden público, una de las razones de Llarena para mantener a Sànchez en prisión no es sino “puras intuiciones personales, que no deberían ser nunca la base de decisiones judiciales tan gravosas”.
Cuestiona más Pina a Llarena: “¿En qué momento de la conducción se supone que cometerá Jordi Sànchez una nueva sedición o rebelión? ¿Acaso dentro de los furgones policiales que le trasladen al Parlament?”.
Y ante la posibilidad del candidato de JxCat de reincidir durante su discurso de investidura, el abogado ha afirmado que “el riesgo de reiteración aludido para denegar el permiso lo es de la comisión de delitos sencillamente imposibles, ya sea física o constitucionalmente”, y ha aprovechado para recordar la inviolabilidad reconocida constitucional y estatutariamente a los parlamentarios.
