Jordi Gual, presidente de CaixaBank, ha sido contundente al afirmar que él no es la persona que debe decirla al nuevo gobierno de coalición progresista la política económica que tiene que aplicar. «España no debe abandonar la senda de consolidación fiscal puesto que tenemos un alto nivel de deuda pública. La vicepresidenta [por Nadia Calviño] es consciente de que hay que fortalecer la senda de consolidación, que es compatible con el desarrollo de políticas sociales».

En un entorno en el que, desde algunos sectores económicos, financieros y empresariales, incluso desde algunas instituciones del propio Estado, se ha abierto la veda para atacar los proyectos del gobierno de coalición con la generación de un estado de miedo en el que se pretende transmitir la ciudadanía española que las políticas sociales del Ejecutivo de Pedro Sánchez son inviables y serán la causa de una nueva crisis económica.

Estas palabras de Jordi Gual están en consonancia con lo afirmado por Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional, quien publicó un artículo en el que se incidía en el hecho de que había que reducir la desigualdad para generar nuevas oportunidades.

Para ello es fundamental la aplicación de políticas de justicia social y, como bien afirmaba el presidente de CaixaBank en la presentación de resultados de la entidad catalana, no es incompatible con políticas económicas de consolidación fiscal.

También es importante el hecho de que Gual haya sido claro en el hecho de que los banqueros no tienen que inmiscuirse en las políticas del gobierno, en ningún aspecto, no sólo el económico, sobre todo en un país como España, donde hay entidades financieras como el Santander que sí intentan influir en las políticas gubernamentales, tal y como ocurrió tras las elecciones del mes de abril, cuando el banco indicó claramente que apostaba por un gobierno PSOE-Ciudadanos porque «complacería al mercado más que Podemos».

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