En misa y repicando. Así quiere estar el Gobierno andaluz en la lucha contra la violencia de género. El consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), lo ha dejado claro en el caso concreto del profesor-tutor que este miércoles tendrá que declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Baena (Córdoba), denunciado por los padres de un alumno de 2º curso de la ESO del IES Luis Carrillo de Sotomayor tras proyectar un video con la histórica intervención de Ana Orantes en un programa de Canal Sur Televisión el 4 de diciembre de 1997. Imbroda defendió recientemente el proyecto de Vox del pin parental en sede parlamentaria, incluido en los Presupuestos del Gobierno andaluz. Al mismo tiempo, el consejero de Educación subraya “la importancia de que se visibilicen todas las actuaciones que los centros educativos realizan para así contribuir a que no se normalice en la sociedad la violencia contra las mujeres”.
Educación ofrece sus servicios jurídicos al docente denunciado mientras el consejero defiende en el Parlamento que las familias decidan sobre sus hijos en los colegios
Esta estrategia de la Consejería de Educación de querer estar en misa y repicando en la lucha contra la violencia de género se evidencia de nuevo en el hecho de que ha ofrecido sus servicios jurídicos al equipo docente denunciado por la familia cordobesa al mismo tiempo que el consejero defendía el pasado 15 de noviembre en el Parlamento andaluz que las familias decidan sobre sus hijos en los colegios.
Imbroda aseguró en la Cámara autonómica que “se ha detectado que numerosas familias con distintas ideologías, presentan quejas y reclamaciones para que sus hijos no participen en determinadas actividades que están en contra de sus convicciones morales”. Esta circunstancia le sirve de excusa al consejero para apostar por “explorar mecanismos para que las familias decidan estas actividades”, todo ello “desde el más absoluto respeto a la normativa”.
Implantar el pin parental en los colegios
De este modo, Imbroda apuesta decididamente y sin ambages por implantar el pin parental en la educación pública andaluza tras su inclusión en el acuerdo de Presupuestos firmado a tres bandas por PP, Ciudadanos y Vox.
El pin parental de Vox es una solicitud de los padres de los alumnos dirigida a los directores de los centros educativos para que se les informe previamente, a través de una autorización expresa “sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación”.
Las familias no pueden modificar el currículo educativo de sus hijos a voluntad porque contraviene la legislación vigente
El caso del profesorado del instituto de Baena denunciado en los tribunales subraya la equidistancia con la que está actuando la Consejería de Educación en la prevención y lucha contra la violencia de género, ya que por un lado apuesta decididamente por la implantación del pin parental de Vox y por otra por el escrupuloso respeto a la legislación vigente.
El sindicato Ustea de Enseñanza recuerda que existe numerosas referencias normativas sobre el deber de los profesores de trabajar en las aulas por la igualdad entre hombres y mujeres y para sensibilizar contra la violencia machista.
Entre ellas, la Ley Orgánica de Educación (Lomce), de 2006, o los Reales Decretos de 2014 que regulan los currículos tanto de Primaria como de Secundaria y Bachillerato, que establecen para todas las etapas la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como uno de los objetivos generales, como un elemento transversal junto con la lucha contra la violencia de género, mientras insta a las administraciones públicas a desarrollar actividades para concienciar por la igualdad y contra la violencia de género.
Como recuerda Ustea, la Consejería de Educación desarrolló el Plan de Igualdad, que va ya por su segunda edición y tiene por objetivo hasta el año 2021 “realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género”.
Por todo ello, este sindicato, que ha hecho pública esta denuncia de la familia de un alumno en Córdoba, asegura que “las familias no pueden modificar el currículo educativo de sus hijos a voluntad, pues es obvio que el currículo de las materias viene establecido por la normativa legal al respecto”.
En este sentido, la propia Consejería de Educación reconoce en un comunicado que la actividad por la que ha sido denunciado este equipo de profesores está “enmarcada en la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, había sido aprobada y programada por este centro educativo dentro de su Plan de Igualdad”.
Educación, consciente de “la importancia de que se visibilicen todas las actuaciones que los centros educativos realizan para así contribuir a que no se normalice en la sociedad la violencia contra las mujeres”, asegura que “seguirá instando a los centros educativos a continuar avanzando en el desarrollo de actuaciones de sensibilización, rechazo y denuncia de la violencia de género, dirigidas a la comunidad educativa y su entorno”.
Para el presente curso 2019-2020, un total de 1.704 centros educativos han presentado proyectos para prevenir la violencia de género en las aulas, dentro del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación.
A raíz de esta denuncia, numerosas Ampas y profesores de Andalucía están promoviendo, de nuevo en las aulas de forma masiva, la proyección de la intervención histórica de Ana Orantes, asesinada por su pareja en diciembre de 1997 tras denunciar en Canal Sur Televisión los malos tratos sufridos.
El partido ultraderechista Vox en Andalucía ha mostrado su apoyo a los padres que han denunciado a los profesores del instituto cordobés.
